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Niña con síndrome de Down

Niña con síndrome de DownPixabay

El PSOE y sus socios se niegan a tramitar la ley del PP que defiende los centros de educación especial

El PP critica que la LOMLOE «margina» a los centros de educación especial y los «condena» a su cierre

PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos se han posicionado en contra de la tramitación de la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, que persigue reforzar el derecho de las familias a elegir el tipo de centro.

Así lo han avanzado este martes los diputados de estos grupos parlamentarios en el Pleno del Congreso de los Diputados. Si se mantiene la postura de estas formaciones en la votación, la Cámara Baja rechazará la tramitación de la proposición de ley.

La proposición de ley, recuerda que desde la entrada en vigor de la LOMLOE «la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es un modelo de imposición que limita los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales».

La ley del PP eliminaría de la LOMLOE la disposición adicional que establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, antes de 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.

Durante la defensa del proyecto de ley, la diputada Sandra Moneo ha criticado que la LOMLOE «persigue» a los centros de educación especial, «los centros a los que la disposición adicional cuarta, todavía vigente, ha puesto fecha de caducidad».

Asimismo, la popular ha cargado contra el límite de permanencia en los centros de educación especial hasta los 21 años. «Algunas administraciones educativas lo han entendido y ya han optado por ampliar esa permanencia: Madrid, Galicia, Castilla y León, Valencia, Canarias», ha señalado.

«La imposición de un modelo monolítico, sin alternativas, no solo atenta contra la libertad, atenta contra la igualdad de oportunidades que los alumnos con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho han de tener. Atenta contra su desarrollo personal e intelectual, atenta contra su presente, pero, sobre todo, atenta contra su futuro», ha advertido.

Los populares critican que en la actual ley educativa «se da absoluta preferencia a que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se lleve a cabo en centros ordinarios, marginando a los centros de educación especial y condenándoles a su cierre efectivo».

El Grupo Parlamentario Popular defiende que la escolarización de alumnos en centros de educación especial «no puede determinarse como irrazonable o discriminatoria y es coherente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».

El proyecto de ley establece que la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales incluirá también la orientación a los padres para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia; y elimina de la LOMLOE que las Administraciones educativas «regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».

La norma, que tiene la finalidad de asegurar una educación de calidad a los alumnos con necesidades educativas especiales, propone adecuar la ley por una regulación «más precisa y un desarrollo legislativo y de oferta que se adapte a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales ampliando la edad de permanencia al menos hasta los 21 años de edad».

El objetivo del PP es «garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos con independencia del lugar en que residan y dar seguridad a las familias y a los alumnos que encuentran limitadas sus opciones de seguir formándose educativa y profesionalmente y evitar agravar su vulnerabilidad».

La formación recuerda que en la tramitación parlamentaria de la LOMLOE las familias y asociaciones de alumnos de necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación especial «no fueron escuchadas».

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