Operación policial en Carmona (Sevilla) contra la explotación laboral
Andalucía
Cae en Sevilla un clan familiar que explotaba a trabajadores en fincas agrarias
Las víctimas, una treintena, se encontraban en situación de precariedad y eran obligadas a trabajar jornadas interminables, aunque estuvieran enfermas
La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una organización integrada por miembros de una misma familia que, radicada en Carmona, se dedicaba supuestamente a la explotación laboral de extranjeros en situación de precariedad.
Fruto de las labores policiales se ha detenido a cinco personas, entre las que figura el cabecilla de la organización, y a los que se les imputan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de pertenencia a organización criminal, detectándose al menos a 32 posibles víctimas explotadas en fincas agrarias de Alcalá del Río (Sevilla).
La operación nació por las investigaciones iniciadas a principios de año a raíz de una denuncia formulada en Navarra, que puso en conocimiento de la policía la existencia en la provincia de Sevilla de dos posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Condiciones penosas
Los trabajos policiales desarrollados por la UCRIF (Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental) de Sevilla, permitieron identificar posteriormente a dos nuevas víctimas de nacionalidad colombiana que trabajaban sin contrato y en condiciones laborales deplorables, con un salario paupérrimo y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, aprovechándose la organizacion de las situaciones irregulares en España de estas personas.
Una vez que estas personas eran captadas, pasaban a residir en viviendas de la organización en Villanueva del Río (Sevilla), donde vivían hasta 13 personas hacinadas en tan solo tres habitaciones y en condiciones lastimosas.
Al parecer, los integrantes de la organización presuntamente delictiva mantenían un reparto de tareas que iban desde la captación de trabajadores y su transporte a las fincas, hasta el control por capataces de sus labores en el campo, donde soportaban «jornadas interminables, sin derecho a descansos y obligados a trabajar aunque estuvieran enfermos», según la propia Policía.
Los trabajadores eran trasladados a las explotaciones agrícolas en furgonetas en las que se apiñaban más de quince personas y a los que además les cobraban 5 euros por cada porte; dinero que luego descontaban de sus salarios.
