23 de mayo de 2022

Un campaña de Vox contra el aborto

Un campaña de Vox contra el abortoEl Debate

Tras la Ley Celaá y la de Eutanasia

El PP y Vox se plantean recurrir al Constitucional la pena de cárcel contra los provida

La reforma del Código Penal contra los rezos y vigilias junto a las clínicas abortistas da un paso más en su tramitación en el Congreso. Ambos partidos advierten de su inconstitucionalidad 

El PP y Vox ya se están planteando recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Penal impulsada por los socialistas para castigar con penas de entre tres meses y un año de cárcel a quienes se concentren pacíficamente delante de las clínicas abortistas para rezar o hacer vigilias. Como ambos partidos hicieron con la Ley Celaá y con la de Eutanasia.
Además se trata de una reforma que, como ya contó El Debate, Pedro Sánchez ha dado orden de tramitar como proposición de ley orgánica del grupo parlamentario socialista en el Congreso en lugar de como proyecto de ley orgánica del Consejo de Ministros. Para acortar plazos, de forma que pueda entrar en vigor durante este curso parlamentario, y para no pedir informes a los órganos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado y el CGPJ.
En las enmiendas parciales que tanto PP como Vox presentaron el miércoles a la reforma del artículo 172 del Código Penal, que ya castiga el acoso, las dos formaciones inciden en su dudosa constitucionalidad.
Especialmente los de Santiago Abascal, que advierten: «La creación de un nuevo tipo penal para reprimir la conducta de quienes acuden pacíficamente a las inmediaciones de los centros abortistas para ofrecer oraciones, ayuda y asistencia de diversa naturaleza a las mujeres que allí acuden supondría una restricción injustificada de los derechos fundamentales y libertades públicas de reunión, de expresión e ideológica, que corresponde defender al propio Estado que, de aprobarse, dicta la norma que los vulnera. La inconstitucionalidad de la ley que, en su caso, se apruebe es segura».

Tanto PP como Vox esperarán a que la reforma esté aprobada. No queda otra

Desde el grupo parlamentario de Vox señalan que, aunque no tomarán la decisión hasta que la reforma se apruebe definitivamente, lo más probable es que acudan al Constitucional. 
El PP también quiere esperar a ver cómo se aprueba el texto antes, pero en sus enmiendas los populares afirman: «Resulta a todas luces desorbitado el establecimiento de un nuevo tipo penal con esta finalidad, puesto que, por un lado, obvia fundamentos básicos en el Derecho Penal como el principio de intervención mínima y por el otro, podría entrar en colisión con derechos fundamentales consagrados en la Constitución española, como el de reunión y manifestación».
La semana pasada el Pleno del Congreso debatió la retirada de la proposición de ley orgánica, como pedían el PP y Vox, durante un acalorado debate. Sin embargo, el bloque Frankenstein permitió que siguiera su tramitación en la Comisión de Justicia.
Este miércoles terminó el plazo de presentación de enmiendas parciales. Ahora se designará una ponencia, que es un grupo reducido de diputados de diversos partidos que se encargará de analizar a fondo la reforma propuesta y redactar un informe.
En concreto, el grupo parlamentario socialista aboga por añadir al artículo 172 del Código Penal: «El que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días».
Después pasarán por la Comisión de Justicia los expertos que el PSOE y Unidas Podemos quieran –que para eso tienen la mayoría– y más tarde se votará en Pleno. De ahí al Senado.

Derecho a la vida desde su concepción

Cuando Casado y Abascal fueron entrevistados por este periódico, ambos líderes defendieron el derecho a la vida desde el momento de su concepción.
«No hay nada más progresista que una política de natalidad, más aún con el invierno demográfico que sufre Europa. Lo hizo la izquierda en Francia, lo ha hecho la izquierda en los países nórdicos, lo está haciendo la izquierda en Estados Unidos. ¿Por qué en España es solo de derechas hablar de familia, hablar de que hay que tener niños, que hay que conciliar, que la educación 0–3 años tiene que ser gratuita? Eso va a ser un pilar fundamental», sostuvo el presidente del PP.
«Nosotros hemos sido muy claros en la posición con el derecho a la vida. Que es una defensa desde la perspectiva de Vox, desde su concepción, hasta su extinción natural. Nosotros hemos recurrido la ley de eutanasia ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, si el Gobierno depende de nosotros, actuaremos en defensa de la vida», destacó, por su parte, el de Vox.
En las enmiendas de este último, los de Abascal recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, para oponerse al aborto: «Si la Constitución protege la vida (...), no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental –la vida humana–, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional».
Asimismo, recriminan al PSOE que no hay necesidad de crear un tipo penal ad hoc contra los provida: «Desde 1985 (como dice la propia Exposición de Motivos de la proposición de ley orgánica), no ha habido hasta el momento ninguna resolución jurídica que haya condenado alguna conducta de las que realizan las personas que acuden a las puertas de los centros donde se practican abortos». 
Y que de hecho los socialistas solo pueden recurrir, en su exposición de motivos, a una actuación que el Defensor del Pueblo inició en 2018 «tras recibir la queja de una asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo». Y a un «informe» de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). 
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