Marlaska, en un acto de abril de 2018 con la Guardia Civil en Puente Genil (Córdoba)
Nuevo frente para Marlaska: recurren su código de conducta por inconstitucional
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella presentada por Jucil
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella que presentó la asociación de guardias civiles Jucil contra el código de conducta de la Benemérita que dictó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado mes de marzo ya que, según la asociación mayoritaria, «choca con la Constitución Española».
En concreto, esta asociación considera que el ordenamiento «supone una invasión en la intimidad de los miembros de la Guardia Civil, ya que señala obligaciones que, de aplicarse, afectarían a la vida personal de los guardias civiles. El contenido de esta normativa puede afectar a la actividad de las asociaciones profesionales que trabajan en favor de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles, lo que supondría una contradicción con las leyes orgánicas que determinan los derechos y las obligaciones de los integrantes de la Guardia Civil», afirma Jucil en un comunicado.
Así, estos guardias civiles ponen como ejemplo que el artículo 2.1 establece que «El Código de Conducta del personal de la Guardia Civil constituye la guía que define los valores, principios y normas de comportamiento que han de regir en todo momento la actuación de los miembros del Cuerpo».
El secretario general de la asociación, Ernesto Vilariño, considera que el «en todo momento» sobrepasa la actividad profesional de la Guardia Civil. «Me pregunto si ese 'en todo momento' debemos aplicarlo los guardias civiles a comprar un vestido de primera comunión para nuestra hija , ser integrante de una chirigota de Cádiz o qué tipo de pintalabios tiene que comprar una compañera».
Contrario a la libertad de asociación
Jucil también considera que el Código de Conducta puede atacar a la libertad de asociación cuando pide «neutralidad política». Si el contenido se aplica en un sentido estricto «puede suponer un ataque a la libertad de asociación, a la defensa de los intereses sociales y profesionales de los asociados, y a la libertad de expresión, confundiendo la neutralidad política con la crítica política».
En definitiva, esta asociación considera que el nuevo Código de Conducta supone un retroceso al «proscrito principio de obediencia ciega». Por ello, Ernesto Vilariño señala que «respetamos y defendemos los valores propios de nuestro Benemérito Instituto forjados a lo largo de nuestra historia, de los que nos sentimos orgullosos y que marcan y definen nuestra actuación; pero con el máximo respeto a la libertad y a la intimidad de cada uno de sus miembros».
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