Imagen del interior de un centro penitenciario español
Funcionarios de prisiones rechazan aplicar la eutanasia al pistolero de Tarragona: «No somos verdugos»
Exigen el traslado urgente del preso a un hospital civil para que no sea en un centro penitenciario donde se le aplique la muerte asistida
El próximo 23 de agosto marcará un antes y un después en los centros penitenciarios. Es la fecha en la que el Tribunal Constitucional ha autorizado que al preso apodado como el pistolero de Tarragona se le aplique la eutanasia. Y, polémica aparte de la ya existente en torno al caso porque los familiares de sus víctimas piden que se paralice su muerte asistida para que el preso sea juzgado por sus delitos, será la primera vez que un centro penitenciario aplique la eutanasia a un encarcelado. Y los funcionarios de prisiones no están de acuerdo. Se trata de una circunstancia «cruel, inhumana» que «denigra al moribundo y estigmatiza todo el proceso y a quiénes participan. No somos verdugos», lamentan de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).
No se muestran en contra de la ley de la eutanasia, pero sí de que se ejecute en un centro penitenciario. «Es indignante la difícil situación en que nos ha puesto el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña», critican. Desde la APFP argumentan que «no hay que olvidar que todo el personal penitenciario, por ley, está obligado a preservar y garantizar la vida e integridad física de todas aquellas personas que están privadas de libertad. Y cuando decimos todos nos estamos refiriendo a detenidos, presos y penados.
El pistolero de Tarragona
Y es por todo ello que ningún profesional penitenciario puede participar, ni de forma indirecta e involuntaria, ni tampoco de forma obligada o voluntaria, en un proceso terminal, que, aunque legal, solo están habilitados para el mismo aquellos profesionales sanitarios que voluntariamente acepten su participación en el mismo», reivindican.
Por ello exigen «el traslado urgente» del reo desde el hospital penitenciario de Tarrasa (Cataluña) a un hospital civil especializado «donde se cumpla esta última voluntad del preso y se culmine su derecho a una muerte digna», reclaman. Los funcionarios justifican el traslado, además, en la situación especial del pistolero de Tarragona. «Es un preso preventivo al que le asiste el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No ha sido condenado», indican.
El representante de la APFP, Francisco Llamazares, indica en declaraciones a El Debate que los servicios jurídicos del sindicato ya están preparando un documento para presentarlo en Conselleria de Justicia de Cataluña en el que recogen la reivindicación. «La ley está aprobada pero en ella no se establece ningún criterio de cómo aplicarla», comenta. «Porque qué ocurre si los médicos que están en el hospital de Tarrasa son objetores de conciencia y no quieren aplicar el pinchazo. Cómo se soluciona. ¿Tiene que venir un médico de fuera del centro?», se cuestiona, a la vez que reflexiona: «Va a ser la primera vez en democracia desde que fue abolida la pena de muerte en nuestra Constitución de 1978 que un preso morirá deliberadamente en un centro penitenciario y al final siempre lo que va a quedar en la mente de todos es que en los centros penitenciarios somos verdugos y acabamos con la vida de la gente», rechaza.
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