Mónica Oltra, exconsejera de Igualdad y exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Oltra se sienta en el banquillo por encubrir como consejera de Igualdad los abusos de su marido a una menor
La exlíder de Compromís está citada a declarar ante el juez como imputada en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados
El presunto encubrimiento de los abusos secuales cometidos por su marido sobre una menor tutelada por su consejería, provocó la dimisión de la líder valenciana de Compromís Mónica Oltra. La exvicepresidenta, exportavoz y exconsejera de Igualdad y Políticas, además, declara hoy ante el juez como imputada por la omisión en el tratamiento, denuncia y gestión de unos hechos por los que su hoy expareja, Luis Eduardo Ramírez Icardi, fue condenado a cinco años de prisión, en una sentencia confirmada hasta en dos instancias pero que sigue recurrida ante el Supremo. Oltra tendrá que comparecer las 9.30 horas en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados, todos ellos altos cargos que trabajan en el Departamento de Igualdad que ella misma dirigía, por su participación en el supuesto silencio impuesto en el caso de los abusos que la menor denunció.
La citación, notificada en julio, se produjo una vez que despojada de sus cargos políticos y, por lo tanto, de su aforamiento, la causa regresase al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Fue este órgano judicial quien, durante las primeras pesquisas, centradas en los altos cargos y técnicos de la Administración valenciana competente, determinó la existencia de indicios de delito «racionales, serios y fundados» contra la propia Oltra, quien en ese momento era aforada, y que por lo tanto debía ser enjuiciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El órgano, tras analizar el asunto, decidió imputar a Oltra y la citó a declarar tras apreciar «una serie de indicios plurales» que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la exvicepresidenta y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada». Así las cosas, días después, la exvicepresidenta decidió renunciar a todos sus cargos públicos, incluida el acta de diputada, motivo por el que perdió el aforamiento. El procedimiento volvería entonces al juzgado de origen que la escuchará este lunes.
Un delito de encubrimiento de abusos
Mónica Oltra se encuentra inmersa en la investigación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro valenciano, dependiente de la Generalitat, una menor tutelada de entonces 14 años, a manos del marido de Oltra, entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado por estos hechos a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV a la que tendrá que dar firmeza el Supremo.
Una vez se conoció la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa, apuntando a la desonfianza y el abandono sufridos por parte de la consejería de Igualdad y la Justicia abrió una nueva investigación que ha derivado con la imputación de Oltra. No en vano, bajo su mandato se recibieron supuestas órdenes para desviar la atención sobre lo ocurrido y desacreditar a la menor, incluso, con la confección de un informe parapolicial en el que se negaban todas las acusaciones formuladas por la víctima, sin más.
Así las cosas, la exvicepresidenta anunciaba en una rueda de prensa, el pasado 21 de junio, que dejaba todos sus cargos porque, según dijo entonces, no quería que se pararan las políticas del Gobierno del Botànic a raíz de un caso que «pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país», expuso. «Me voy con la cara bien alta sabiendo la infamia que esto, pero también con los dientes apretados, bien apretados», aseguró Oltra.
Indicios «racionales, serios y fundados»
El juez instructor del procedimiento estimaba en su escrito al TSJCV que hay indicios «racionales, serios y fundados» de la participación de Oltra en los hechos investigados ya que, a su juicio, «nos hallamos ante un expediente administrativo o una 'información reservada' indiciariamente ordenada por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».
El juez cuestionaba en primer lugar que desde el principio se haya intentado restar credibilidad a la menor, desamparada y tutelada por la Generalitat; y que las psicólogas no abordaran con ella el tema de los abusos –no fue preguntada por el tema directamente–.
También ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, que la Conselleria decidiera, «inexplicablemente», no derivar a la niña al Servicio de Atención Psicológica especializado para valorar a víctimas de abusos sexuales y que se hiciera constar en un informe que la niña recurría a la mentira con frecuencia.
La fiscal del caso asegura que, a nivel indiciario, existió una directriz de actuación por parte de todos –autoridades, funcionarios y personas intervinientes– de disminuir la importancia y ocultar los abusos
Con este «nulo bagaje», proseguía el juez, a efectos de investigación, se dio por cerrado el tema y se repuso al educador a su puesto de trabajo. Y solo después de cerrada «la investigación» se le pidió su versión de los hechos.
El instructor se preguntaba también por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor. «Las preguntas se formulan a nivel meramente retórico y revelan una gestión por los profesionales que se califica por sí sola», apostilla.
Por su parte, la fiscal que estudió el asunto en el TSJCV coincidió con el instructor en que se hizo una investigación «superficial», interna, en la que se percibía indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos.
«A la luz de las actuaciones podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etc., se equivocó, pero ¿todos?; ¿todos se equivocaron?. Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos –autoridades, funcionarios y personas intervinientes– de disminuir la importancia y ocultar los abusos», indicaba en su escrito la fiscal superior del TSJCV.
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