La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, junto a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño
El Gobierno presume de su reforma del delito de malversación tras ser desautorizado por Bruselas
Isabel Rodríguez y Nadia Calviño aseguran que la modificación del Ejecutivo va en la dirección marcada por la Comisión Europea
Al mal tiempo, buena cara. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido esta mañana de su modificación del delito de malversación, solo un día después del rapapolvo de la Comisión Europea, que desautorizó ayer al Ejecutivo, al proponer endurecer las penas para los delitos de corrupción.
La primera en comentar este asunto ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. «Me parece adecuado que se armonicen las condiciones para este tipo de delitos», ha afirmado este jueves en Bruselas, donde ha participado en el Foro Económico Europeo que se celebra en la capital belga, además de mantener reuniones con el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Calviño, se refiere a la reforma de los delitos de malversación de 2022, que, a su juicio, se adelanta a la propuesta de armonización de delitos de la Comisión Europea porque ya separaba los casos de lucro financiero, aunque para España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
La reforma que plantea Bruselas prevé una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, lo que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.
La CE pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.
Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero con el apoyo de ERC, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».
«España se ha adelantado»
«Veremos cómo evoluciona el proyecto de directiva pero España ya se ha adelantado porque ya separó el delito malversación en caso de que haya o no un lucro y tenga impacto financiero», ha agregado Calviño, que ha incidido en que España llega «con los deberes hechos y un cambio anticipado al que propone Bruselas».
Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho este jueves, en relación a la propuesta de Bruselas que plantea una pena máxima por malversación superior a la ley española, que es «una nueva directiva» que se adecuará a la legislación española y ha destacado que España «ha legislado en esa dirección».
«El país ha legislado en esa dirección, incluso avanzando mucho más que los países de nuestro entorno, reconociendo hechos delictivos que hasta ahora no eran imputables como es ese enriquecimiento ilícito que pasaba sin ningún tipo de reproche penal» y ahora sí lo tiene en el ordenamiento español, ha sostenido.
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