La hoja de ruta de Sánchez para aprobar una ley de amnistía exprés

Si algo define la producción legislativa de Pedro Sánchez durante los últimos cuatro años ha sido el abuso del todavía presidente y su Gobierno, en funciones, del decreto ley para promover nuevas normas. Un hecho que este martes, durante la primera jornada de la sesión de investidura, Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares, le ha afeado al Ejecutivo socialista. Sin embargo, no ha sido el único ejemplo de atajos normativos de los que ha hecho gala el Ejecutivo socialista: el uso de las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, pese a compartir el Consejo de Ministros, como fórmula alternativa al cauce ordinario, de los anteproyectos, para acelerar la aprobación de normas con rango de Ley Orgánica, también ha sido una «anomalía formal» estandarizada por el sanchismo.

En este mecanismo abreviado, que permite sortear al Gobierno el control de los órganos consultivos del Estado, podría estar la clave para una futura y eventual ley de amnistía exprés, como exige Carles Puigdemont a cambio del 'sí' de Junts a la investidura de Sánchez. No en vano, el político separatista y prófugo de la Justicia española en Bruselas ha dejado claro que sus condiciones para hacer presidente a Sánchez pasan porque el texto de la polémica norma, de la que tanto se habla, sea una realidad antes de que el líder de los socialistas se presente como candidato ante la Cámara Baja.

Desde que la investidura de Núñez Feijóo, salvo sorpresa inesperada, resulte negativa al término de las dos jornadas que están teniendo lugar en el Congreso esta misma semana, Sánchez dispone de dos meses de plazo máximo para presentar su proyecto de Gobierno alternativo. Consciente de que, para ello, necesita sacar adelante el 'indulto general' al procés que exigen desde las formaciones separatistas catalanas, el todavía presidente en funciones baraja que sean Junts y Esquerra (ERC) quienes eleven el contenido de la misma al hemiciclo a través de una proposición de ley previamente acordada.

Sólo dicha maniobra permitiría llegar a aprobar y publicar la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en tiempo récord, apenas 1 mes, y en un trámite de urgencia que conllevaría una lectura única del texto en el Congreso, sin enmiendas, ni más debate parlamentario que el apoyo, previamente concertado de Sánchez con quienes están determinados a apoyarle para que siga en la Moncloa, si se pliega a todas sus exigencias. La amnistía, entre ellas.

Pero, además, salvando la necesidad de acompañar la ley se una memoria económica y del control jurídico preliminar, preceptivo aunque no vinculante, del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal (CF) que sí deben recabarse en la tramitación de todos los Proyectos de Ley Orgánica, directamente emanados del Consejo de Ministros que, además, hoy por hoy, se toparía con la dificultad técnica de que se encuentra en funciones.