Así de mal ha envejecido la primera carta de Sánchez a la ciudadanía negando el caso Begoña

También era día 24, pero de abril de 2024. Ese día había saltado la noticia de que un juez de Instrucción de Madrid había abierto diligencias previas contra la mujer de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Después se supo que el presidente y Begoña Gómez lo sabían desde días antes.

Sánchez participó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde su primera reacción fue decir: «A pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país». Después volvió a la Moncloa, se encerró y, pasadas las siete de la tarde, publicó una carta a la ciudadanía para defender a su esposa y anunciar que se tomaba cinco días de reflexión. Leída hoy, 17 meses después y con Gómez camino de enfrentarse a juicio oral ante un jurado popular, la misiva ha envejecido muy mal.

El presidente escribía casi al principio: «Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes». Sin embargo, la realidad es otra. En las cuatro veces que ha prestado declaración ante Juan Carlos Peinado, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Además, el letrado ha torpedeado continuamente la instrucción, pidiendo a veces su archivo y, otras, directamente su nulidad. También llegó a presentar una querella contra el magistrado por prevaricación, que fue desestimada por el TSJ de Madrid. El propio Sánchez presentó otra querella -utilizando para ello a la Abogacía del Estado-, que corrió la misma suerte.

Sánchez también sostenía en la carta: «La denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras (…). Hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias». Hasta la fecha, la esposa del presidente ha enviado cartas de rectificación a medios de comunicación como El Debate, El Confidencial, The Objective, OKdiario y El Español por las informaciones sobre sus vínculos con Globalia y Air Europa, la apropiación del software de la Complutense, sus cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés y las gestiones privadas que hacía para ella la exasesora Cristina Álvarez cuando estaba a sueldo de la Moncloa. Pero es que, además, ha interpuesto varias demandas ante los tribunales por atentar contra su honor. De esas demandas, solo prosperó una contra The Objective en el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid, que además el pasado febrero fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid. Y Gómez, condenada a pagar las costas.

En la misiva, el que se definía como «un hombre profundamente enamorado» sostenía, asimismo: «No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa». Ser la mujer del presidente del Gobierno fue, precisa y presuntamente, lo que abrió tantas puertas a Begoña Gómez. Para tener una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva y un máster en captación de fondos en la Universidad Complutense; para conseguir patrocinios de firmas privadas como Fundación La Caixa y Reale Seguros; para quedarse gratis con un software que Google, Telefónica e Indra habían desarrollado sin cobrar por él un euro; y para utilizar a una asesora contratada por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para sus gestiones privadas.

También escribía el líder del Ejecutivo: «Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales, y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación». Sin embargo, su respuesta fue de todo menos razonable: la llamada ley Begoña, que si hoy no está en vigor es porque los socios de Sánchez -en especial, Junts- la tienen bloqueada en el Congreso, como ha venido contando El Debate.

Se trata de una proposición de ley que el PSOE registró en la Cámara Baja en enero de este año, en la que los socialistas alimentan el relato de que en España existe lawfare y una judicialización malintencionada de la política, y que por tanto los poderes democráticos están obligados a defenderse. La reforma persigue: uno, cercenar la acusación popular para que el PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír sean expulsados de las causas que afectan a Sánchez. Dos, directamente prohibir que la ejerzan las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, puesto que en el caso de Álvaro García Ortiz está personada la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Tres, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa. Y cuatro, añadir motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse del juez Peinado.

En las últimas líneas de su carta a la ciudadanía (después habría una segunda), el presidente sostenía: «A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí (sic), nunca he tenido apego al cargo». Para no tener apego, en su entrevista de inicio de curso en TVE (la única hasta la fecha), Sánchez anunció desafiante que no adelantará las elecciones ni siquiera, aunque sus socios le tumben los Presupuestos Generales de 2026. Y que, en el caso de que se atrevan a hacerlo, prorrogará por tercera vez las cuentas públicas de 2023.