Varapalo de la Comisión de Venecia al Gobierno: la elección directa del CGPJ por los jueces es el que más se adapta a los «estándares» europeos

De nuevo, Europa, ha llamado la atención al Gobierno español sobre la necesidad de modificar el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último dictamen presentado por la Comisión de Venecia es unánime en cuanto a la propuesta elevada por el bloque conservador del órgano de representación de los jueces y magistrados de nuestro país que, a juicio de las instituciones comunitarias, deben participar de manera «directa» en la designación de, al menos, 12 de sus representantes.

Éste es el mecanismo que más se adapta a los «estándares» del resto de países miembros de la UE. Si bien con algunos ajustes necesarios para que en dicho proceso no se produzca un monopolio encubierto de los candidatos de las asociaciones profesionales.

En el documento de 16 páginas al que ha tenido acceso El Debate, en primicia, la Comisión ha dado respuesta a la consulta elevada por la presidenta del Consejo español, Isabel Perelló, sobre la propuesta más idónea, de entre las dos elevadas desde sendos bloques institucionales, tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre uno solo de ellos. De tal suerte que 10 vocales respaldaron el enfoque profesional y otros 10 el izquierdista, en cumplimiento del compromiso adquirido por PP y PSOE, respectivamente, con el Departamento de Justicia comunitario, tras intermediar en la última renovación del CGPJ.

Así las cosas, frente a la posición del Gobierno, y en concreto del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, la Comisión de Venecia ha sentenciado que la opción planteada por el ala profesional «refleja el estándar europeo de elección entre pares al permitir que la comunidad judicial elija directamente a los miembros judiciales del Consejo». De manera que, «en la medida en que estas elecciones sean libres, directas, pluralistas y justas» son las únicas que «podrían eliminar el riesgo de politización» del que, en la actualidad, adolece la conformación del máximo órgano de la Magistratura en nuestro país.

Por lo tanto, los miembros de la Comisión de Venecia han descartado la tesis del del Ejecutivo socialista que insiste una y otra vez en que la votación final de los candidatos ha de mantenerse como en la actualidad, desde la reforma aplicada por el PSOE en 1985, donde el Parlamento se encarga de intervenir como muestra del necesario pluralismo democrático. Frente a esta lectura, el dictamen comunitario considera que esto implica una injerencia política encubierta al Poder Judicial.

Si bien, la Comisión de Venecia considera que es importante que «el proceso electoral» quede «protegido no sólo de la influencia política externa sino, también, de la politización interna». Esto es, la independencia del Poder Judicial «exige que la elección de los miembros de los consejos judiciales esté la interferencia directa de los actores políticos, así como la dependencia indirecta o el alineamiento con, tales actores, en particular a través de asociaciones judiciales», dado que, «en algunos países, las asociaciones tienen una influencia significativa en el proceso electoral».