Juristas advierten que el plan del Gobierno para el Valle de los Caídos no es definitivo: «Un brindis al sol»

El jurado del concurso de ideas para la resignificación del Valle de los Caídos –órgano que preside Iñaqui Carnicero, amigo de la infancia de Pedro Sánchez– anunció el pasado martes el proyecto ganador, que ha realizado la empresa Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L. El propio Carnicero resaltó tanto que el diseño «propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites», como que mediante «una gran losa» el público accederá a un círculo «abierto al cielo».

Así las cosas, tres reputados juristas han explicado a El Debate que el proyecto que impulsa el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda no va a tener ejecución inmediata. El pliego de la licitación pública recoge que «al candidato que haya presentado la propuesta ganadora, siempre que reúna las condiciones de adjudicación, se le adjudicará el contrato de servicios que, a su vez, tendrá por objeto una serie de prestaciones a ejecutar en fases diferenciadas, no necesariamente consecutivas, y organizadas en torno a dos categorías principales: diseño y dirección de trabajos».

«El adjudicatario del contrato de servicios será el responsable de llevar a cabo las gestiones pertinentes que garanticen la viabilidad de los trabajos contratados y del cumplimiento de todas las exigencias pertinentes en materia de patrimonio, licencias y cumplimiento normativo. Para la tramitación y obtención de permisos y licencias, el adjudicatario quedará eximido del abono de las tasas e impuestos que se devenguen, cuya liquidación corresponderá al órgano de contratación o al contratista de las obras», se añade.

Preguntado por las posibles impugnaciones, el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo Alberto Díaz-Romeral ha explicado a este periódico que «la interposición de un recurso contencioso-administrativo no suspende la eficacia del acto recurrido», a la vez que ha subrayado –de manera clara– que «aquí no hay obras». De esta forma, ha indicado que «en este caso el acto recurrido es la resolución del concurso y del subsiguiente contrato de servicios para redactar el proyecto técnico». «Después vendrá el contrato de obras, que se tendrá que licitar para ejecutar el proyecto», ha añadido.

Por su parte, el socio de Hernández-Canut Abogados, Luis Felipe Utrera-Molina ha señalado en conversación con El Debate que «para mí la clave está en la calificación urbanística del Valle de los Caídos». El letrado ha remarcado que «en el Plan de Urbanismo de San Lorenzo de El Escorial aparece el Valle de los Caídos como elemento con protección integral». «En esa ficha se señala que solo se pueden realizar obras de rehabilitación o mantenimiento, de tal manera que cualquier otro tipo de obra necesita la aprobación de un plan especial. Ese plan especial tendría que redactarlo y aprobarlo el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (que en la actualidad encabeza el PP) y necesita ser aprobado por la Comunidad de Madrid. Es decir, ahí no se puede hacer ningún tipo de obra como la que se pretende», ha destacado.

Utrera Molina ha manifestado que los adjudicatarios «deberán solicitar una licencia, y esa licencia no se puede conceder hoy por hoy con las normas urbanísticas de San Lorenzo de El Escorial». Además, ha asegurado que «fácil no es; la aprobación de un plan especial como mínimo, y si se diese mucha prisa el Ayuntamiento, es un año o año y medio, y después tiene que aprobarlo la Comunidad de Madrid». Así, ha dictaminado que «yo creo que este proyecto es un brindis al sol».

El doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en el CEU Juan Luis Jarillo ha expresado que la propuesta del Ministerio del Gobierno va a conllevar «cierta demora», debido a que es «un proyecto relativamente largo» en el que «hay que acudir a la Comunidad de Madrid», y el Ayuntamiento «tiene un papel clave». Igualmente, ha acentuado que «tiene que salir concurso la ejecución», y que ello supone que «la duración va a ser larga».