Vista panorámica de la fortificación militar del siglo XIX en el sitio de Corbanera, en Monte (Santander)
Una familia logra ser la 'propietaria' de un castillo carlista de Santander donde vivían desde hace décadas
Un informe de la Universidad de Cantabria ha dictaminado que el edificio no pertenece al Ayuntamiento, sino que es un Bien de Interés Cultural de titularidad privada
La familia que habitaba en el castillo de Corbanera ha logrado la propiedad de esta fortificación de las Guerras Carlistas declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012. El castillo fue destinado a servir como cárcel provincial, sin embargo nunca se utilizó por lo que para preservar el edificio se designó a una familia para cuidar de él.
Un informe de la Universidad de Cantabria (UC) ha dictaminado que es propiedad de la familia por llevar más de 30 años ejerciendo como dueños. Por otro lado, al ejercer de propietarios de un BIC deben hacerse cargo del mantenimiento y facilitar el acceso de visitas entre otras cosas.
Víctor González-Huergo, concejal de Patrimonio ha señalado que tanto el estudio realizado por la UC como el llevado a cabo por los servicios jurídicos municipales, concluyen que el edificio no pertenece al Ayuntamiento, sino que es un Bien de Interés Cultural de titularidad privada por lo que Patrimonio «carece de competencias para actuar en él». El Ayuntamiento de Santander, al conocer el informe, encargó al Gobierno de Cantabria que se hiciese cargo de su mantenimiento y conservación.
El estudio ha sido elaborado por el profesor Juan Baró Pazos, catedrático de Historia del Derecho y el profesor Javier Barcelona Llop, catedrático de Derecho Administrativo. En él se determina que los ocupantes han ejercido una figura denominada usucapión que dispone la propiedad si se ejerce como dueño de un bien de forma pacífica durante un periodo superior a tres décadas.
Vista cenital del castillo
El castillo fue construido en 1874 como parte de la defensa de la ciudad durante las contiendas de la Tercera Guerra Carlista, pero no llegó a utilizarse para la resistencia ya que la plaza no fue atacada. Al finalizar el conflicto en 1876 fue destinada a funcionar como cárcel provincial, pero tal idea se desestimó ya que dicha cárcel se levantó en otro lugar. Tres años más tarde y tras quedar en desuso, además de producirse varios robos y desperfectos, las autoridades municipales decidieron buscar un guardián a la fortaleza.
Así, un carabinero llamado Francisco Travieso se convirtió en el primer ocupante del castillo e incluso obtuvo un permiso para construir su vivienda. Más tarde le sustituiría una familia que ocuparía la fortificación sin interrupción hasta la actualidad, siendo una bisnieta la propietaria del castillo y de una finca de más de 2.000 metros cuadrados en la actualidad.
