Qué es el GAR: la unidad de la Guardia Civil creada contra ETA que hoy lucha contra los narcos

A finales de la década de 1970, el terrorismo sacudía España con una violencia sin precedentes. A la acción de ETA se sumaron los llamados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) —de inspiración maoísta y con el objetivo declarado de implantar un Estado socialista y republicano—, así como diversos movimientos independentistas radicales, entre ellos Terra Lliure en Cataluña o el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive en Galicia.

El periodo comprendido entre 1976 y 1980 fue especialmente sangriento, con cerca de trescientos muertos y más de cuatrocientos heridos.

En aquel contexto, el Estado carecía aún de unidades específicamente preparadas para hacer frente a una amenaza organizada, persistente y letal. Ese vacío comenzó a subsanarse a finales de los años setenta con la creación de la Unidad Antiterrorista Rural (UAR), germen del posterior GAR, que en poco tiempo demostró una notable eficacia operativa.

De aquella experiencia surgió un modelo de intervención de élite basado en la movilidad, el conocimiento del terreno y la capacidad de actuar en escenarios de alto riesgo. El GAR se consolidó así como uno de los instrumentos más eficaces de la respuesta del Estado frente al terrorismo.

Hoy, ese modelo sigue siendo imprescindible. Pero el enemigo ha cambiado.

El Campo de Gibraltar, epicentro del narcotráfico

El Campo de Gibraltar y parte del litoral andaluz se han convertido en uno de los principales focos del narcotráfico en Europa. No se trata ya de redes marginales, sino de auténticas organizaciones criminales con estructuras internacionales, medios tecnológicos avanzados y una capacidad creciente para ejercer la violencia.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. Solo en 2025 se registraron más de 4.250 detenidos y se incautaron más de 268.000 kilos de droga en el marco del Plan Especial de Seguridad. Sin embargo, el fenómeno continúa creciendo.

Se estima que más de 600 narcolanchas operan en el entorno del Estrecho, y los informes oficiales advierten de una creciente capacidad ofensiva de estas organizaciones, que no dudan en embestir a los agentes o emplear armamento de guerra.

El narco y la escalada violenta

La noche del 9 de febrero de 2024 marcó un punto de inflexión en la percepción pública de esta amenaza. En esa ocasión, en el puerto de Barbate, una narcolancha embistió deliberadamente una embarcación de la Guardia Civil, lo que causó la muerte de dos de sus miembros.

No fue un accidente; fue un ataque directo. Las imágenes y testimonios posteriores dejaron claro que los narcotraficantes actuaron con total desprecio por la vida de los guardias civiles.

Lejos de constituir un episodio aislado, la tragedia tuvo continuidad. El 8 de mayo de 2026, otros dos agentes fallecieron en Huelva durante la persecución de una narcolancha, tras colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo en plena operación. La intervención, de altísimo riesgo, evidencia el grado de presión y peligrosidad al que se enfrentan a diario las fuerzas de seguridad.

En ambos casos, el denominador común es el mismo: la lucha contra el narcotráfico en el sur de España se ha convertido en un entorno de alto riesgo para la vida de los agentes.

Una amenaza en evolución

En este contexto, el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil vuelve a desempeñar el papel para el que fue concebido: actuar donde la amenaza desborda los medios convencionales. Su despliegue en el sur, junto a otras unidades, refuerza las operaciones contra redes criminales que operan con rapidez, violencia y gran capacidad logística.

No se trata solo de interceptar droga. El GAR participa en detenciones de alto riesgo, en la desarticulación de estructuras logísticas y en el apoyo a operaciones complejas en zonas especialmente sensibles.

A diferencia del terrorismo, que perseguía fines políticos, el narcotráfico busca el control económico del territorio. Pero su impacto sobre la seguridad nacional no es menor. Allí donde se asienta, erosiona instituciones, corrompe entornos y normaliza la violencia.

Además, como ya ocurrió en la lucha antiterrorista, la presión policial en una zona provoca desplazamientos a otras, extendiendo el problema a nuevos puntos del litoral.

El precio de la seguridad

Durante los años más duros del terrorismo, especialmente a manos de ETA, centenares de guardias civiles fueron asesinados por el simple hecho de vestir el uniforme. La Benemérita fue uno de los objetivos prioritarios de la banda, que buscaba golpear los pilares del Estado mediante una estrategia de terror sistemático y prolongado en el tiempo.

El GAR, que nació para combatir el terrorismo, hoy combate otra amenaza distinta, pero igualmente letal.

Y en esa continuidad —del País Vasco de los años ochenta al Estrecho del siglo XXI— persiste una misma realidad que no podemos obviar. La seguridad tiene un precio. Y, en demasiadas ocasiones, lo pagan con su vida los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.