¿Acaso 'esto' es la transición en Venezuela?

Cuidado: están en camino las más diversas corrientes de opinión y campañas en la esfera pública, dentro y fuera de Venezuela, que tienen como propósito persuadir a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional de los demócratas, de que se están produciendo cambios en la conducción del país, que configuran un escenario de Transición. Me propongo, en lo que sigue, desmentir tal supuesto, que distorsiona los hechos y exagera deliberadamente sus interpretaciones.

En realidad, hasta ahora han ocurrido dos hechos inequívocos. El primero: Nicolás Maduro y Cilia Flores, dos peligrosos delincuentes de larga y abultada trayectoria, fueron capturados por autoridades estadounidenses el 3 de enero. Permanecen presos en una cárcel de New York, mientras ya se han producido los primeros trámites para enjuiciarlos por sus numerosos y graves delitos.

El segundo asunto, derivado del primero, es el establecimiento de un acuerdo que trasciende lo petrolero y se proyecta hacia la dimensión administrativa del Estado venezolano. En una primera etapa Estados Unidos comprará 30 millones de barriles de petróleo venezolano para su consumo o para venderlo a terceros, pero los recursos que se obtengan de esa transacción no irán de forma directa a la dictadura -ahora bajo el mandato de Delcy Rodríguez-, sino que se dispondrán en unos fondos de inversión para obras públicas, cuyo funcionamiento será supervisado directamente por el Gobierno de Donald Trump. El anuncio de los fondos me ha traído el recuerdo de los «fondos chinos», producto de varios convenios entre Venezuela y China que arrancaron en 2007 y se prolongaron hasta 2018.

Decía el papel que Venezuela pagaría con petróleo una serie de préstamos que la dictadura de Xi Jinping le hizo a Chávez y a Maduro. Los convenios establecían que, con esos ingresos, el régimen ladrón construiría obras de infraestructura y vías de comunicación, financiaría proyectos de telecomunicaciones, nuevas tecnologías y desarrollos informáticos, y que pagaría con petróleo durante muchos años, con un precio fijo que se mantendría inalterado, pase lo que pase con los precios y los indicadores de la inflación.

¿El monto de dichos préstamos? Más de 64 mil millones de dólares. ¿Número de obras construidas o de proyectos ejecutados? Ninguno. Repito: ninguno ¿Destino del dinero de los préstamos? Incierto. No se equivoca quién piense que esa gigantesca masa de dólares está en los bolsillos y en las cuentas de los capos de la narcodictadura. ¿Legalidad de esos contratos entre China y el narco régimen de Chávez y Maduro? Carecen de legalidad. Fueron ejecutados por el poder sin pasar por los mínimos procedimientos legales necesarios. ¿Justicia, equidad o viabilidad del acuerdo? Cero: los chinos siempre supieron que esos dineros desaparecerían, que no harían ninguna obra pública. A fin de cuentas, se trató de una operación destinada a engrasar al alto mando de funcionario, dejando abierta una deuda que, finalmente, tendrá que ser pagada con petróleo, es decir, con recursos de los contribuyentes. Esta misma semana se ha conocido que China está reclamando el pago de más 20 mil millones de dólares que todavía se adeudan.

Hecha esta digresión, vuelvo a mi tema: no hay tal Transición. Lo que hay es una dictadura que mantiene un férreo sometimiento de cada ciudadano y de cada familia, pero ahora con un nuevo plan de negocios petrolero, que beneficiará sus arcas y, por lo tanto, su potencial de durabilidad.

Para hablar de Transición, y he reflexionado mucho en ello, la cuestión primordial consiste en establecer, de inmediato, un ambiente generalizado de libertades en el país. Hay que decretar una amnistía total y sin excepciones; dar por terminados los juicios y acusaciones por motivos políticos en tribunales civiles y militares; hay que acabar, sin más demoras, con las alcabalas extorsivas de policías, colectivos y unidades militares.

Hay que instaurar plenamente un estado real de libertades, entre ellas, el estatuto de libertades para preguntar, investigar, informar, opinar, acceder a la información pública y al debate de los asuntos de interés común. Permitir la organización de los ciudadanos en organizaciones de cualquier tipo, incluyendo sin fines de lucro, gremiales o partidistas, de forma ilimitada. No puede volver a prohibirse ni mucho menos reprimir las protestas de cualquier índole.

La Transición no podría ocurrir de espaldas a la reinstitucionalización que demanda con urgencia la vida pública venezolana. Hay que acabar con las políticas de exclusión en los organismos públicos: los entes de administración del Estado deben prestar servicios de carácter universal y sin que se divida a los posibles usuarios entre amigos y enemigos.

Hay que eliminar las imposiciones de uso del color rojo. Hay que descolgar los retratos de Chávez y Maduro de las oficinas. Hay que borrar las consignas guerreristas de los lenguajes oficiales. Hay que devolver a los funcionarios militares a los cuarteles. Hay que limpiar el funcionamiento del Estado de presencias indeseables: protegidos, becados, reposeros (como Maduro que apenas iba a trabajar en sus tiempos de conductor de buses), nóminas fantasmas, enchufados que cobran cuatro o cinco sueldos o detentan cargos que están por encima de sus capacidades académicas, profesionales o simplemente laborales.

Hay que tomar, de forma urgente, medidas legales para garantizar la propiedad privada, el derecho al trabajo, el emprendimiento y la iniciativa ciudadana. Hay que intervenir los organismos que se dedican, con impunidad orgullosa, a chantajear a pymes, comerciantes informales, empresas de distinto tamaño y especialidad. Hay que crear mecanismos de denuncia anónimos y seguros, para denunciar los abusos y prácticas extorsivas de empleados públicos. Hay que establecer una política de indemnizaciones hacia todos los propietarios y empresarios que fueron víctimas de expropiaciones, robos, destrucción de bienes personales y productivos.

Hay que decretar controles inmediatos que pongan coto e impidan la acción criminal constante y de carácter nacional, de bandas delincuenciales policiales y militares. Hay que liquidar, por vía legal, la existencia de los colectivos mafiosos y asesinos. Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa nacional que tenga como sus dos objetivos prioritarios liquidar el miedo ciudadano e incitar el regreso de exiliados y de quienes huyeron forzadamente de Venezuela.

Solo hasta que no se pongan en marcha estas medidas básicas, no cabe decir que se ha iniciado la Transición.