13 de agosto de 2022

Editorial

Nos jugamos la vida y debemos demostrarlo en la calle

Nada puede haber más importante que participar el domingo en la manifestación que defiende la vida y la verdad, amenazadas por una inhumana deriva ideológica y legislativa del Gobierno a favor de la muerte

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil han convocado para este domingo, en Madrid, una manifestación cuyo objetivo nos concierne a todos, como ningún otro, y queda resumido en un lema inapelable: «Nos jugamos la vida».
¿O acaso hay alguien que no se sienta interpelado por una máxima que no excluye a nadie e invita a todo el mundo a sumarse a la mayor de las causas que afecta al ser humano?
Los convocantes, agrupados por la Plataforma Cada Vida Importa e impulsados por el vigor de Neos, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la Asociación Católica de Propagandistas, editora de El Debate, aspiran a colocar en el centro de la reflexión pública, institucional y política el inaceptable proyecto de ingeniería social que viene aplicando el Gobierno en los asuntos estructurales del género humano.
Porque eso es lo que se pone en entredicho, nada menos, con una hoja de ruta perfectamente diseñada para modelar a la sociedad al antojo ideológico de una parte de ella, probablemente residual, pero con capacidad legislativa para imponer sus excesos.
La ampliación de la Ley del Aborto, que prácticamente proscribe la maternidad en un país sin niños, es la punta de lanza de una deriva inhumana ante la que no se puede permanecer impasible: intentar poner de moda la interrupción del embarazo, como si ser madre fuera un atraso e impidiera a las mujeres desarrollar el resto de facetas de sus vidas, es un despropósito que reclama una respuesta firme de la sociedad y otra, por cierto, del aparentemente amedrentado Tribunal Constitucional.
Porque esa ley consagra además el inexistente derecho incluso en menores de edad, a las que se hurta la asistencia familiar y profesional que sin duda podría ayudarles en su desesperación. E incluso persigue a los médicos que, en cumplimiento de su juramento hipocrático y por respeto a su conciencia, se nieguen a participar en la carnicería.
En la misma línea de penalizar, con un totalitarismo impropio de una democracia, a quienes se concentren a rezar en las inmediaciones de las clínicas abortistas, convertidas en un negocio impúdico a cargo del erario público.
Pero no termina ahí la deriva nihilista de un Gobierno deshumanizado: la ley de la eutanasia, que confunde los cuidados paliativos con la inducción a la muerte; la ley educativa, que impone un canon ideológico en las aulas o la llamada «ley trans», que ataca incluso a la genética para consagrar la libre elección de sexo en una ventanilla administrativa; son también parte de esa dolorosa cosmovisión.
Protestar ante eso no debería ser una opción, sino una obligación. Resistirse a esa enmienda a la totalidad de la condición del ser humano es un acto de civismo necesario que le debemos a nuestros ancestros, a nuestros sucesores y a nosotros mismos.
Porque nada hay más importante que la vida. Y nada más grave que presenciar cómo se siembra la cultura de la muerte sin hacer nada al respecto: el ciudadano y la sociedad civil pueden resistirse este domingo alzando pacíficamente su voz, imparable cuando nace de una causa tan noble.
Pero a las instituciones les cabe la obligación de enmendar este despropósito, con urgencia, en cuanto las urnas permitan un cambio necesario y los promotores de este inmenso desvarío pierdan su capacidad de reformular al ser humano desde el BOE. Y bien haríamos todos en pedirles a todos los partidos un compromiso firme e innegociable de hacerlo cuando tengan la capacidad para ello.
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