Tribuna Carlos de Urquijo

Algo más que indignarse

Los españoles esperamos algo más que un exabrupto, un tuit furioso o una compungida rueda de prensa. Necesitamos algo más que indignarse

Muchas personas, entre las que destacan algunos políticos y periodistas, critican con razón estos días la inclusión de 44 condenados por delitos de terrorismo en las candidaturas de EH-Bildu para las elecciones del próximo 28 de mayo. Y está bien que lo hagan, aunque es un hecho que viene repitiéndose, elección tras elección, desde el año 1979.

Escandalizarse ante esta ignominia es lo menos que puede esperarse de cualquiera con un mínimo de decencia. De aquellos que nos representan en las instituciones tenemos derecho a esperar algo más, bastante más, si no queremos que el lamento se convierta en un acto de hipocresía.

Dice el artículo uno de nuestra Constitución que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. ¿Lo somos realmente? creo que sí. Y como lo creo, traigo a colación también el artículo nueve de la ley 6/2002 conocida como ley de partidos. Dice esta ley que una de las causas para instar la ilegalización es la de «incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo».

Con los supuestos de ese artículo, el Tribunal Supremo ilegalizó en marzo de 2003 tres marcas de ETA: Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok. Sabemos lo que trajo después la negociación de Zapatero con el regreso de ETA a las instituciones en mayo de 2011 para bochorno del Tribunal Constitucional que avaló las candidaturas de EH-Bildu anuladas días antes por el Supremo.

Si continúa España siendo un Estado de derecho no es necesario rasgarse las vestiduras. Los españoles esperamos algo más que un exabrupto, un tuit furioso o una compungida rueda de prensa. Necesitamos algo más que indignarse. El artículo once de la ley de partidos señala que son el Gobierno y el Ministerio Fiscal los únicos facultados para instar la declaración de ilegalidad. El 26 de agosto de 2002 una propuesta de resolución conjunta del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados aprobó instar al Gobierno a iniciar el procedimiento.

Resulta obvio que el Gobierno de Sánchez no está por la labor de hacerlo, pero el Partido Popular y Vox, de manera conjunta o separada, deben presentar hoy mismo una iniciativa similar a la de hace veintiún años. Como previsiblemente la iniciativa no será aprobada, será suficiente la garantía de un compromiso futuro. Si tras las elecciones de diciembre disponen de mayoría para gobernar, pondrán en marcha las previsiones de nuestro Estado de derecho para salvaguardarnos de quienes quieren acabar con la democracia. Deberá ser instada la ilegalización de los partidos que forman la coalición EH-Bildu. Así de sencillo, otra cosa solo son fuegos de artificio.