Fundado en 1910
TribunaJuan José Gutiérrez Alonso

La ruta del dinero de la corrupción

Algunos hemos leído ya muchas resoluciones judiciales, a los clásicos del expolio, y también somos de los que vieron La Tapadera, cinta que es capaz de estimular ciegamente a cualquier mendrugo elevado al control del BOE, debidamente estimulado por un abogado o despacho de abogados

Hubo un tiempo en el que se hablaba de la ruta de la seda, la de las especias o la de la plata, que transitaba desde Cerro Rico, en Potosí, hasta Sevilla, para financiar los tercios de Flandes. España, entonces, era el destino de gran parte de aquella riqueza.

Difícilmente se puede comprender un imperio, un conflicto o una situación política determinada al margen de un fenómeno financiero o de las singularidades de la ruta del dinero o la riqueza.

Nuestro país, como estamos viendo, ya no es el destino imperial del metal, sino el vertedero final de un dinero que ha viajado por medio mundo precisamente para que nadie pueda ya preguntarle de dónde viene. La Audiencia Nacional, UCO y UDEF han ido dibujando en los últimos meses una cartografía que pocos novelistas de intriga se habrían atrevido a firmar por inverosímil.

Esta nueva ruta de putrefacción empieza, previsiblemente, en Caracas. Donde el vicio se hizo costumbre. El sumario que investiga el rescate de esa miniaerolínea denominada Plus Ultra, con 53 millones de euros concedidos en plena pandemia a personajes afines al régimen venezolano, ha terminado sentando en el banquillo nada menos que a un expresidente del Gobierno, a quien la UDEF sitúa, entre otras cosas, en negocios auríferos junto a testaferros del chavismo.

Oro, joyas, divisas, contratos absurdos o vacíos, sociedades pantalla, participaciones societarias, con Ginebra como escala. Suiza, siempre dispuesta a poner un poco de discreción en los caudales monetarios donde otros ponen demasiada evidencia antes de reaparecer, ya limpia, en estructuras o cuentas tan abundantes como sospechosas.

Pero el genio o talento de estas tramas no está solo en Suiza. Está en la dispersión. El caso de las mascarillas, ya sentenciado con condenas de prisión para un exministro y uno de los personajes más importantes y presentes de la Presidencia del Gobierno, dejó establecido judicialmente que parte de las comisiones cobradas por adjudicaciones sanitarias viajaron hasta Santo Domingo, donde alguien de la trama recogía en efectivo lo que en Madrid habría resultado más difícil de justificar.

La República Dominicana no fue un accidente geográfico. Estos sitios nunca lo son. Se sabe dónde se puede pedir alfombra roja para instalar el negocio o el contubernio antes de que nadie pregunte por su origen. Y allí entonces acuden todos. Da lo mismo Chipre que Islas Vírgenes, Singapur o Líbano.

Ahí reside la lección, y conviene subrayarla porque explica por qué el escándalo no se agota en una sola causa, sino que se trata de un ecosistema que alguien con el talento de John le Carré o John Grisham debería llevar a una novela y luego al cine, o a una serie.

Tenemos un expresidente, un exministro, un asesor de los importantes de verdad, la mano derecha del presidente; un exsecretario general, la espía cutre y fea, la cúpula de la Guardia Civil, directivos de la SEPI y tantos otros, y otras. En fin, qué lista, vaya cofradía.

Ahora bien, por mucho que se obsesionen con el juez Peinado, cada nombre de esta feria corresponde a un expediente distinto, con jueces distintos y con geografías distintas, pero todos comparten una misma mecánica e incluso gramática. El dinero, cuando es sucio, no permanece quieto; busca entresijos normativos, justificaciones imposibles pero con apariencia de legalidad, las jurisdicciones donde el control es más débil, los regímenes tiránicos o pasivos donde se permite camuflar un origen ilícito y los países donde una llamada del poder político todavía allana muchas puertas.

Por eso no debería sorprender a nadie que el mapa se ensanche hacia lugares como Bolivia o Sudáfrica. No sabemos todavía si cantarán China, Rusia e incluso Líbano, u otros lugares de Medio Oriente o África, porque una vez que en la cartografía aparecen Panamá, Londres y Cabo Verde, cualquier otro lugar no es que sea ya posible, sino obligado.

Son sedes que se consideran alejadas del escrutinio nacional y europeo, que este tipo de estructuras suele visitar tarde o temprano, aunque hasta la fecha ninguna pieza judicial haya acreditado allí movimientos concretos vinculados a esta causa. Qué gran noticia sería que apareciera Rusia o incluso China.

Ahora bien, seamos cautos, porque entre la sospecha razonable y el hecho probado media una distancia que el periodismo serio, y la buena columna de opinión, no debe recorrer atajando. Hay que evitar el atajo siempre, me enseñaron una vez. Pero algunos hemos leído ya muchas resoluciones judiciales, a los clásicos del expolio, y también somos de los que vieron La Tapadera, cinta que es capaz de estimular ciegamente a cualquier mendrugo elevado al control del BOE, debidamente estimulado por un abogado o despacho de abogados.

Porque cuando uno conoce de reuniones en Rusia con directivos que luego reciben enormes cantidades de dinero público, cuando se sabe también de matrimonios internacionales sujetos a derecho austríaco, se conocen testaferros y sospechosos recolocados en entidades del sector público estatal con sueldos de ensueño, o auténticos patanes con estructuras societarias diseminadas por medio mundo, resulta imposible no preguntarse, primero, por el afán de saqueo desmedido, y luego, por el abogado o la firma de abogados que ha acompañado o dado cobertura a todo esto.

Esta es una de las preguntas de fondo. Otra, la que ningún informe de la UCO puede responder, es aquella que consiste en cuestionarse si un sistema tarda tanto en reaccionar ante evidencias acumuladas desde hace años, es un sistema fallido o, en cambio, es un sistema que funciona porque a alguien, durante mucho tiempo, le convino que fallase.

La ruta del dinero, al final, no es solo geográfica. Es también institucional. Y esa, me temo, todavía no la ha rastreado nadie hasta el final. Todavía.

  • Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada
comentarios

Más de Tribuna

tracking

Compartir

Herramientas