España arde: dos Londres calcinados y 15.000 millones de pérdidas
El resultado es un círculo vicioso: menos prevención, más incendios, más gasto en extinción, más deuda pública, menos recursos para prevenir
A medida que voy leyendo noticias sobre los incendios, más se me ponen los pelos como escarpias. Ya se han quemado 390.000 hectáreas. Una cifra, que según el Financial Times, equivale al tamaño de Londres dos veces, a 19 veces la superficie de la gran Buenos Aires o la mitad de toda la Comunidad de Madrid.
La catástrofe es inmensa y la reacción del gobierno, ha sido al igual que la dana de Valencia, lenta y poco eficaz, por no decir cosas peores. El drama no es solo medioambiental, es también un desastre económico de proporciones históricas.
El análisis de los costes puede permitir comprender por qué la estrategia seguida hasta ahora, centrada en apagar, en lugar de prevenir, es un modelo que no funciona. Ya lo expliqué el pasado 15 de agosto, en mi artículo, España arde y el Gobierno escatima en prevención: Grecia invierte cuatro veces más y Portugal, tres. Y lo más grave es que la factura no solo la pagamos hoy, se puede llegar a arrastrar durante años, incluso décadas.
Apagar un incendio no es barato. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Empresas Forestales de España (ASEMFO) y la propia Administración, el coste medio por hectárea apagada oscila entre 10.000 y 19.000 euros. Esta horquilla depende de la dificultad del terreno, los medios aéreos movilizados y el tiempo que dure la extinción.
Si aplicamos estos valores a las 390.000 hectáreas quemadas, la factura de extinción se sitúa en un rango de entre 3.900 millones de euros (escenario bajo, 10.000 €/ha) y 7.410 millones de euros (escenario alto, 19.000 €/ha)
Eso significa que, para recuperar mínimamente las 390.000 hectáreas afectadas, España debería gastar entre 1.560 millones de euros (4.000 €/ha) y 1.950 millones de euros (5.000 €/ha)
En total, sumando extinción y restauración, el coste directo de los incendios de 2025 oscilaría entre 5.460 y 9.360 millones de euros.
Si llevamos estas cifras al contexto del PIB, el resultado es alarmante. Con un PIB nominal previsto para 2025 de 1,68 billones de euros, los incendios representan entre el 0,33% y el 0,55 % del PIB
Y hablamos solo de costes inmediatos, sin contar las pérdidas indirectas. Un incendio no solo destruye árboles, también paraliza economías locales.
España recibirá este año unos 97,5 millones de turistas. Las cancelaciones por incendios afectan directamente a hoteles rurales, casas de campo y actividades al aire libre. Si estimamos que el 2 % de los visitantes de 2025 evitan zonas afectadas, eso supone unos dos millones de turistas menos. Con un gasto medio de 1.375 € por visitante, la pérdida potencial asciende a 2.750 millones de euros.
La destrucción de solo un 10 % de la superficie quemada dedicada al cereal supone una pérdida de 58 millones anuales durante varios años.
En la agricultura y ganadería, el fuego arrasa cultivos, pastos y explotaciones forestales. Si consideramos que una hectárea de cereal genera unos 1.500 € de valor bruto al año, según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, la destrucción de solo un 10 % de la superficie quemada dedicada a este fin (39.000 ha) supone una pérdida de 58 millones anuales durante varios años.
En la apicultura se han destruido más de 3.000 colmenas, con un impacto de unos 3 millones de euros directos y pérdidas indirectas en polinización imposibles de cuantificar.
En 2022, los desastres naturales costaron al sector asegurador español más de 1.500 millones en indemnizaciones. Este año, con incendios de una magnitud muy superior, es razonable pensar que la cifra final supere los 2.000 millones.
La inversión en prevención forestal ha caído en picado. Entre 2009 y 2022 pasó de 364 millones de euros anuales a apenas 175 millones
Pero es que además el fuego no se apaga cuando se extingue la llama. Los efectos se arrastran durante años, según expertos y otros artículos parecidos en medios nacionales, una hectárea quemada puede perder hasta 20 toneladas de suelo fértil en el primer año tras el incendio. Para las 390.000 hectáreas, eso equivale a 7,8 millones de toneladas.
Pero además la pérdida de cobertura vegetal afecta a los acuíferos y reduce la capacidad de los embalses. Y cada hectárea forestal que arde emite una media de 30 toneladas de CO2, lo cual implica que se habrían liberado más de 11,7 millones de toneladas, casi lo mismo que emiten todos los coches de España en un trimestre.
Mientras tanto, la inversión en prevención forestal ha caído en picado. Según datos oficiales, entre 2009 y 2022 pasó de 364 millones de euros anuales a apenas 175 millones y según el Tribunal de Cuentas de la UE le hemos dedicado en 2024 sólo 221 millones y que el coste de pagar sólo nos está costando 5.500 millones, esto significa que el coste de los incendios equivales a 25 años del gasto en prevención. Esto es el absurdo de no prevenir.
Si ahora sumamos todos los conceptos (extinción, restauración, turismo, agricultura, seguros, costes ambientales), el balance de 2025 podría situarse fácilmente en unos 12.000 millones de euros en pérdidas totales (escenario conservador) y 15.000 millones o más en el escenario peor
Los incendios forestales ya no son un problema estacional, son una crisis estructural que combina abandono rural y falta de inversión.
El Gobierno se ha acostumbrado a gastar miles de millones en subvenciones, en chiringuitos, en ayudas internacionales, y en con perdón en mucha «mierda» inútil. El año pasado 722.000 millones y este año muy cerca de los 800.000 millones, pero no ha sido capaz de apostar de verdad por políticas de prevención, gestión del monte y repoblación rural.
El resultado es un círculo vicioso: menos prevención, más incendios, más gasto en extinción, más deuda pública, menos recursos para prevenir.
España no puede permitirse que cada verano ardan cientos de miles de hectáreas y que la factura pueda llegar a los 15.000 millones de euros. Prevenir no solo es más barato: es la única estrategia sostenible.
