Carta abierta a la presidente del INE, doña Elena Manzanera

A doña Elena Manzanera, presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Me dirijo a usted para agradecerle, en primer lugar, el comunicado institucional emitido por el INE el pasado 15 de septiembre, en el que se me mencionaba junto con el economista Javier Santacruz y el autor del artículo al que hacían referencia, David G. Maciejewski.

Resulta llamativo que, apenas unas semanas después de que El Confidencial publicara que el INE destinaría 200.000 euros anuales, durante dos años, para contratar una agencia encargada de monitorizar lo que se dice de sus estadísticas, se produzca, por primera vez que yo recuerde, un comunicado señalando de manera explícita a personas físicas. Hasta ahora, nunca había visto que el INE dedicara sus recursos a una «caza» pública de quienes opinamos que las estadísticas oficiales adolecen de errores o, al menos, de interpretaciones discutibles.

Siendo así, permítame expresarle un cierto orgullo por haber sido uno de los primeros en ser «oficialmente» señalado por la institución que usted preside. No en vano, llevo más de 100 artículos publicados en El Debate sobre el INE y sobre su gestión, y hasta ahora mis críticas no habían merecido ni atención, ni respuesta. Ha sido necesario que se habilite un presupuesto extraordinario para comunicación, sin cobertura de unos Presupuestos Generales del Estado, aprobados desde 2022, para que el INE inicie este nuevo camino de confrontación pública con economistas independientes.

En más de una ocasión he señalado que la senda seguida por el INE bajo su presidencia recuerda, peligrosamente, la recorrida por el CIS bajo José Félix Tezanos: la pérdida acelerada de prestigio de una institución que debería ser pilar de credibilidad y confianza.

Aprovechando su atención, quisiera, sin embargo, centrarme en el punto clave de la controversia: el Índice de Precios de Consumo (IPC).

El 31 de enero de 2022, el INE comunicó que el grupo 01 (Alimentos y bebidas no alcohólicas) pasaba de representar un 23,6 % a un 22,6 %, lo que suponía una caída del 4,2 % en su ponderación. Apenas un año después, en 2023, ya bajo su presidencia, se anuncia un nuevo cambio: el peso de este grupo se reduce del 22,6 % al 19,6 %, un recorte adicional del 13,3 %. En conjunto, entre 2021 y 2023, se acumula una bajada del 16,9 % en plena crisis inflacionaria.

Más aún: el INE afirmó en su comunicado del 15 de septiembre que «los cambios introducidos en el IPC en enero de 2023 fueron desarrollados con dos años de antelación». Permítame entonces formularle dos preguntas directas:

1. ¿Cómo se explica que en 2022 se realizará ya una revisión completa de las ponderaciones y que en 2023 se repitiera la operación?

2. ¿Por qué no se mantuvieron series paralelas, para evaluar de forma transparente los efectos de los cambios metodológicos?

La opacidad de estos procesos genera dudas legítimas

La opacidad de estos procesos genera dudas legítimas, máxime cuando los resultados afectan a millones de ciudadanos a través de la revalorización de pensiones y salarios públicos y privados.

Lo mismo sucede con el grupo 04 (Vivienda), donde se incorporan los precios de la energía. El cambio metodológico fue de tal magnitud que llevó a diferencias abismales respecto a nuestros socios europeos:

En el periodo agosto 2022–agosto 2023, España registró una caída del 42,5 % en los precios energéticos, frente al 3,6 % de Francia, el 11,9 % de Alemania y el 29,5 % de Italia.

La diferencia entre la media de la UE y el dato español, con la ponderación del 12,2 % en el IPC, supuso un efecto directo de hasta 2,8 puntos menos en el índice general. En otras palabras: ese ajuste redujo de forma significativa la base de cálculo para la revalorización de pensiones y salarios.

La confianza de los ciudadanos en los datos oficiales es clave, en última instancia, para la solidez de nuestra democracia

Deseo recordarle, que tanto su salario como el de todos los empleados públicos del INE se financian con los impuestos de los ciudadanos españoles, lo que implica una obligación de independencia, transparencia y rigor en cada decisión de la institución que usted dirige.

Señora Manzanera, no se trata de atacar al INE. Se trata de reclamar lo que corresponde a un organismo estadístico nacional: independencia, transparencia y credibilidad. Lo contrario no solo perjudica la imagen del INE, sino también la confianza de los ciudadanos en los datos oficiales y, en última instancia, en la solidez de nuestra democracia.