Ley de Servicios de Atención a la Clientela  'Prohibir' el spam y las reseñas falsas: qué más cambiará por ley además del catalán en las empresas

El Congreso examinará este martes la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. En este marco es donde Junts ha anunciado que ha pactado con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.

El martes se ha convocado la ponencia encargada de analizar esa norma, que está formada por los distintos grupos parlamentarios y se reunirá a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y empezar a incluir algunas al texto.

Después del anuncio de Junts, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy aclaró que esa medida continúa en negociaciones y que la intención del Gobierno es que las compañías garanticen la atención de reclamaciones en catalán, gallego o euskera allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. El ministro de Sumar apostilló que la medida afectará sólo a grandes empresas y no a pequeños comercios como «una ferretería».

Obligatoriedad de ser atendido por una persona

Según explican desde el Ministerio de Consumo, esta ley va más allá e incorpora también disposiciones para garantizar, por ejemplo, ser atendido por una persona y no una máquina si así lo desea el usuario, o que no se tenga que esperar más de tres minutos para ser atendido al hacer una reclamación.

Así mismo, a través de esta ley se van a prohibir las llamadas spam usando códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales no consentidas, y se van a declarar nulos todos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, obligando también a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años.

Coto a las reseñas falsas

Por otra parte, esta ley obligará a las empresas a comunicar con 15 días de antelación la fecha en la que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online. A esto se suma que las empresas deberán facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.

Otra novedad es que mediante esta ley se pondrá coto a las reseñas falsas que se publican de manera online, ofreciendo además a la empresa que recibe la reseña la posibilidad de réplica y de solicitar la eliminación de la misma cuando pueda acreditar que no es real.

Y con esta ley se va a poner coto también a los precios engañosos de entradas o billetes en venta online, obligando a que los gastos de gestión se incluyan en el precio que se ofrece desde el principio empresas estarán obligadas a incluir, desde el principio. Es decir, el precio que se ofrezca al inicio tendrá que ser el definitivo, evitando así que se oferten precios desagregados o diferente en distintos momentos del proceso de compra.