Mujer embarazada en la semana 40 de gestación
Tribunales
El Constitucional deja en el dique seco la sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto
El Tribunal de Garantías enfría la decisión sobre la inconstitucionalidad del texto de Bibiana Aído, planteado por los populares en 2010. La resolución se aplaza, como mínimo, hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Tampoco verá la luz antes de esa fecha el fallo sobre el veto del Gobierno al CGPJ para hacer nombramientos, estando en funciones
Que paren máquinas. El Constitucional echa el freno en su compromiso de presentar un borrador sobre la sentencia del aborto ante el «evidente cambio de circunstancias» que se ha producido en nuestro país. Fuentes próximas al Tribunal de Garantías apuntan las dudas del órgano sobre la «idoneidad» de llevar a Pleno una decisión de calado –como lo es resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta diputados del Partido Popular, en 2010, contra la denominada «Ley Aído» de interrupción del embarazo por el sistema de plazos– y plantear un debate paralelo sobre el tema que divida la sociedad, como está sucediendo en EE.UU. Pese a que el actual presidente, Pedro González-Trevijano, manifestó su voluntad no finalizar su mandato sin que se deliberase por primera vez el recurso más antiguo pendiente en el Tribunal –sobre una norma que lleva vigente 12 años– e incluso puso el mes de mayo como fecha límite para abordar la cita, de producirse el debate no sería, como mínimo, hasta «después de las elecciones autonómicas en Andalucía» del próximo día 19 de junio. No es la primera vez que se da este retraso.
En cualquier caso, una futura y eventual sentencia del Constitucional sobre el aborto «no incluirá ningún pronunciamiento sobre el tema de las menores mayores de 16 años» y la posibilidad de que interrumpan su embarazo sin necesidad de autorización paterna, como plantea el nuevo Anteproyecto de ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, apuntan las mismas fuentes consultadas por El Debate. «Dicho escenario no está legalmente vigente» y el Tribunal «no puede resolver sobre algo que ya no existe y que, por lo tanto, ha provocado la pérdida del objeto sobre esa cuestión», en lo que al respecto del recurso del PP se refiere. Otra polémica añadida que obligaría, en todo caso, a registrar una nueva acción de inconstitucionalidad contra la «Ley Montero» una vez ésta entre en vigor tras cumplirse todos los trámites parlamentarios.
El Anteproyecto de la «Ley Montero»
La llegada de un Anteproyecto de Ley firme que regule, ex novo, la cuestión del aborto en nuestro país, ha condicionado al Tribunal en su determinación inicial de resolver la inconstitucionalidad de la «Ley Aído», todavía en vigor, como «deferencia al titular de la potestad legislativa».
En el órgano constitucional cobran fuerza las voces que consideran que, con «un nuevo proceso legislativo en marcha», cualquier pronunciamiento –en el sentido que sea, o bien para dar la razón al Gobierno o bien para negar la legalidad, total o parcial, de la norma actual– podría interpretarse como una «interferencia» en la labor propia del Ejecutivo.
La campaña electoral en Andalucía
Como ya hizo el Tribunal Supremo en la sentencia que habrá de revisar la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre las condenas a los líderes socialistas de la Junta –con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán al frente– por la macrocausa de los ERE, el Constitucional respetará la norma no escrita de no interferir en campañas electorales con la publicación de fallos de contenido político o ideológico.
El adelanto electoral de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía no sólo retrasará el fallo del Alto Tribunal sobre la mayor causa de malversación de fondos públicos de nuestra democracia reciente, sino que también pospondrá las resoluciones del Constitucional sobre el histórico recurso del PP contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el más reciente de Vox contra la reforma exprés –pactada por PSOE y Podemos– para prohibir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la posibilidad de hacer nombramientos de jueces y magistrados, estando en funciones prorrogadas.
No en vano, de acuerdo con el calendario establecido para todas estas causas de trascendencia política en nuestro país, la futura y eventual resolución a los recursos de casación e inconstitucionalidad, respectivamente, coincidiría en fechas próximas al día de reflexión de unos comicios que se celebrarán el próximo día 19 de junio. Un escenario que ninguno de ambos Tribunales no contempla porque no se ha permitido nunca.
La inminente renovación del órgano
La llegada de Alberto Núñez Feijoo, al frente del Partido Popular, suponía un halo de esperanza quienes consideran que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una prioridad en nuestro país, para una institución que se alarga en un mandato caducado desde diciembre de 2018. Con el liderazgo del gallego desparecían las líneas rojas de su antecesor en el cargo, Pablo Casado, al Gobierno de Pedro Sánchez, y se retomaban las conversaciones entre oposición y Ejecutivo para renovar el Poder Judicial.
Así las cosas, la renovación en junio de un tercio de los actuales miembros del Constitucional –cuatro en total, de los que dos corresponden a una designación directa del Ejecutivo y los otros dos a una elección del propio Consejo– depende de la misma voluntad de solucionar la anomalía de la prórroga del Pleno que capitanea Carlos Lesmes. A «menos de un mes» de dicho cambio «sustancial» en el seno del Tribunal de Garantías, «no parece muy oportuno» condicionar al futuro órgano con un borrador de sentencia sobre el aborto que podría no reflejar «la nueva sensibilidad» del mismo.
La renuncia del PP a su propia promesa
Tampoco ha ayudado, en el propósito del Constitucional de pronunciarse sobre el recurso popular contra la norma del aborto, aprobada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el hecho de que el Partido Popular –«único recurrente»– renunciase «a derogar la norma» que cincuenta de sus diputados cuestionaron ante el Tribunal de Garantías, cuando llegó al poder «con mayoría absoluta», en diciembre del año 2011.
Casi tres años después, en septiembre de 2014, el Ejecutivo de Mariano Rajoy descartaba implementar una nueva ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para sustituir a la heredada de su predecesor, dejando al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sin su proyecto estrella en aquella primera legislatura. Las discrepancias entre los propios miembros del Consejo de Ministros sobre el que habría de ser el texto definitivo de la norma precipitaba su fracaso, incluso, antes de ser presentada a tramitación parlamentaria.
El propio Rajoy era el encargado de explicar que el Ejecutivo se limitaría a suprimir el aspecto más controvertido de la «Ley Aído»: la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años abortasen sin el conocimiento de sus padres, un punto escabroso en el que tampoco había unanimidad en las propias filas socialistas impulsoras de la polémica norma.
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