Montaje Ximo Puig y Mónica Oltra
En la encrucijada
El callejón sin salida de Ximo Puig: destituya o no a Mónica Oltra, él pagará las consecuencias
No hay decisión buena para Puig, que está recibiendo presiones para dejar caer a su socia. Si lo hace tendrá problemas con Compromís. Pero si no lo hace sufrirá un desgaste insoportable
La imputación formal de Mónica Oltra ha colocado a Ximo Puig en una delicada situación, justo ahora que trataba de recuperar resuello tras acometer una remodelación de su Ejecutivo el mes pasado. No hay decisión buena para él.
El presidente de la Generalitat Valenciana está siendo presionado internamente para que destituya ya, sin esperar más, a su vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas; quien se niega a abandonar el cargo a pesar de que ella misma exigió a Francisco Camps su dimisión cuando el entonces president fue imputado en el llamado caso de los trajes (acabó dimitiendo el 20 de julio de 2011). Camps reaccionó así a la noticia:
Pero sabe Puig que forzar la renuncia de Oltra desencadenará una guerra con su socio de gobierno, Compromís. O mejor dicho: con un sector de Compromís, el que está de parte de Oltra. En cualquier caso, suficiente para provocar la inestabilidad del llamado Consell del Botànic, que también apoya Podem.
El presidente valenciano se limitó este jueves a mostrar su «respeto a la Justicia y a sus procedimientos», intentando ganar un tiempo que no tiene. Porque en el PSOE consideran que mantener a una vicepresidenta imputada por presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor supondría un desgaste diario inasumible de aquí a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2022.
Mantener a Oltra supone un desgaste diario que el PSOE considera inasumible
Por lo pronto, ya este jueves el líder del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, exigió a Oltra por «coherencia y dignidad» que dimita este mismo viernes, cuando previsiblemente comparecerá como cada semana tras la reunión del Govern. Y, si no lo hace, conminó a Puig a que la destituya.
Además, la presencia de Oltra choca frontalmente contra el discurso de un presidente, Pedro Sánchez, que presume de ejemplaridad y tolerancia cero contra la corrupción. Y es todo un misil en la línea de flotación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia del PSOE y Unidas Podemos, que acaba de celebrar su primer aniversario en vigor. Demasiados contrasentidos en un momento de gran zozobra para Sánchez y su partido, que están a punto de llevarse un correctivo en las urnas andaluzas que temen sea histórico.
Curiosamente, la mayor presión sobre Puig le viene dentro de su Consejo de Gobierno. Y, más concretamente, de la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, una cartera que pertenece al PSOE.
La consejera de Justicia valenciana, Gabriela Bravo
A mediados de mayo, Bravo se desmarcó con unas declaraciones que ya anticipaban el cisma que se abriría en el Consell si finalmente Oltra acababa imputada, como así ha sido. Entonces, la consejera de Justicia enseñó la puerta de salida a Oltra -con quien tiene una relación más que mejorable-: «Más allá de las responsabilidades penales, yo en una situación en la que pudiera comprometer la credibilidad de la institución a la que represento, me lo plantearía», sostuvo, a propósito de una dimisión. Dos días después trató de recular asegurando que no se refería a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana sino a un caso hipotético. Y negó que fuera un «mensaje a nadie», pero con escaso éxito.
Desde Compromís, y pese a su división interna, este jueves reaccionaron cerrando filas en torno a Oltra. La coordinadora, Àgueda Micó, subrayó el «apoyo incondicional» de la coalición a la vicepresidenta de la Generalitat ante lo que consideró una persecución «comenzada por la extrema derecha». Puesto que Vox está personado en la causa como acusación popular.
Sin embargo, ni siquiera a eso puede acogerse Oltra. No en vano, la fiscal superior del TSJ de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbet, que respalda la imputación –le atribuye indiciariamente delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos–, es de la Unión Progresista de Fiscales. A la que también pertenece Gabriela Bravo. Así que la teoría de la mano negra ultra hace agua.
La onda expansiva nacional
A las consecuencias en clave doméstica se suman los efectos colaterales que una destitución de Oltra podrían tener en la relación entre Sánchez y Unidas Podemos. Este jueves, tanto Podem (la marca valenciana de Podemos) como los Comunes de Ada Colau mostraron su respaldo a la vicepresidenta valenciana. «Es repulsivo el ataque que está recibiendo por ser quien es, por pensar cómo piensa, por hacer la política que hace y por representarnos a tantas como lo hace», se quejó la portavoz de estos últimos, la diputada Aina Vidal. Y también para Yolanda Díaz Mónica Oltra es una aliada indispensable.
Una plataforma «gafada»
La imputación de Mónica Oltra arruina el lanzamiento del proyecto de Yolanda Díaz
El caso, salvando las distancias, recuerda al del ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Éste fue condenado por el Tribunal Supremo por atentado a la autoridad (dio una patada a un policía) y el PSOE acabó forzando su renuncia al escaño el pasado mes de octubre, lo que provocó una gran tensión entre los socios del Gobierno. Tanta, que desde entonces Unidas Podemos se ha negado a cubrir ese escaño vacante, a pesar de las estrecheces numéricas que padece la coalición en el Parlamento.
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