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15 de junio de 2024

Centro penitenciario Mas d'Enric

Centro penitenciario Mas d'EnricEFE

Una agresión cada 17 horas: el verdadero motivo por el que los funcionarios de prisiones se han plantado

El asesinato de la jefa de cocinas de la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, no ha sido más que la gota que ha colmado el vaso de los funcionarios

El asesinato de la jefa de cocinas de la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, el pasado miércoles día 13 no ha sido más que la gota que ha colmado el vaso de los funcionarios de prisiones que han bloqueado durante días las cárceles catalanas y han extendido la protesta a otros puntos de la geografía española.

Y es que solo en 2023, en las cárceles españolas dependientes de Interior se produjeron un total de 508 agresiones a funcionarios, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, una cada 17 horas. De estas agresiones, 10 fueron de carácter grave. Además, 264 agresiones fueron calificadas de leves y 234 se registraron sin lesiones para el trabajador, por ninguna como muy grave.

Tal y como recuerdan desde el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), en estos datos no se contabilizan amenazas de muerte, empujones, tocamientos, escupitajos, etc., desde la reforma de la contabilización que se hizo en el año 2017, por lo que el número de agresiones en las cárceles españolas, en realidad, es mayor.

Precisamente desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) se pone énfasis en la forma de contabilizar las agresiones. Su presidente, José Ramón López explica que a las 500 agresiones que se produjeron en las cárceles dependientes de Interior el año pasado habría que sumar otras 500 que tienen registradas en solo Cataluña.

Esta igualdad en el número pese a haber muchas menos cárceles en esta Comunidad Autónoma se debe a que «en Cataluña se tiene un concepto de agresión más amplio que el que se tiene en el resto. No solo las que tienen lesiones sino las que suponen un riesgo psicológico, las que suponen una agresión sin lesiones». Y así, «en esa dinámica, si en las prisiones de Interior se tuvieran los mismos parámetros que en Cataluña, podríamos estar hablando de 1.500-1.800 agresiones».

Agentes de la autoridad

Por parte de Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), consideran que «los profesionales penitenciarios están trabajando con inseguridad personal y jurídica, por lo que pedimos medios materiales adecuados, formación en defensa personal para todos los trabajadores en contacto con los internos y el reconocimiento de agente de autoridad y profesión de riesgo».

En la necesidad de ser reconocidos como agente de la autoridad coinciden todos los sindicatos. Por ejemplo, desde TAMPM «se denuncia que a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones, los funcionarios de Instituciones Penitenciarias son uno de esos colectivos que nadie puede pensar que no la tengan reconocida».

Falta de personal

Representantes de varias fuerzas sindicales de las cárceles catalanas explicaron el martes 19 en una rueda de prensa que también reclaman «aumentar la plantilla, más recursos materiales, departamentos especializados, como por ejemplo módulos de psiquiatría, y una mayor formación para los trabajadores».

Precisamente sobre la falta de personal, una funcionaria de Quatre Camins, Raquel, denunció que se encuentra sola en un módulo con medio centenar de presos y sin compañeros de apoyo, y una funcionaria de vigilancia de Mas D'Enric explicó que existen talleres productivos con un solo funcionario y 100 internos con acceso a herramientas tales como tijeras, alicates o destornilladores, que pueden convertirse en «armas» en determinados momentos.

Estadísticas

Desde el sindicato de funcionarios CSIF, consideran que «la política penitenciaria actual centrada en maquillar estadísticas no tiene en cuenta uno de los principios básicos de nuestra legislación penitenciaria que es adaptar el tratamiento al perfil concreto de cada interno, es decir la individualización del tratamiento. No se pueden aplicar políticas generalistas a perfiles tan distintos». Por eso, tras el asesinato de la empleada de la cárcel de Tarragona, «la pregunta que nos hacemos los trabajadores penitenciarios es ¿dónde será el siguiente?».

En esta misma línea, el presidente de Acaip, José Ramón López, aseguró que «entendemos que la clasificación de Interior es un absoluto desastre. Y entendemos que las políticas del buenismo generan muchísimos problemas en el interior de los centros penitenciarios». Por eso consideran que «cada interno debe ser tratado individualmente tal y como establece la ley penitenciaria, a cada uno hay que darle lo que le corresponde».

De ahí que las protestas, con mayor o menor intensidad, se mantengan. Porque las agresiones a los funcionarios de prisiones tampoco se detienen. Este domingo, sin ir más lejos, dos funcionarios resultaron heridos leves por la agresión de un preso de la cárcel de Ponent, en Lérida, cuando trataban de reducirlo después de un altercado con otro interno.

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