El Gobierno pierde el plebiscito político en el que se había convertido el juicio a su fiscal general

La sentencia del juicio al fiscal general del Estado se había convertido en un plebiscito político para el Gobierno, como tituló El Debate el pasado viernes, y el Ejecutivo lo ha perdido. La condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por revelación de secretos es un mazazo para el Gobierno, que no sale indemne del fallo del alto tribunal.

Pedro Sánchez y los suyos habían apostado tanto y de forma tan ostensible por su absolución que el daño es mayúsculo. En pleno juicio oral, el presidente proclamó la inocencia de su fiscal general en El País: «El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio», sostuvo. Se equivocó: cinco de los siete magistrados consideran que ha quedado acreditado que García Ortiz reveló datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En una primera valoración, fuentes de la Moncloa señalaron este jueves: «A la espera de conocer la sentencia completa (de momento solo se conoce el fallo), el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte. También quisieron «reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado». Y añadieron: «En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho».

El Ejecutivo sale muy tocado de este fallo por tres motivos. De entrada, porque pudiendo haberle retirado la confianza para forzar su renuncia (ningún ejecutivo puede cesar directamente al fiscal general del Estado, pero si retirarle su confianza para enseñarle la puerta de salida) hizo lo contrario: le instó a seguir en el cargo a pesar de su procesamiento.

En segundo lugar, porque el Gobierno se implicó activamente en la defensa judicial y política de García Ortiz. En lo judicial, durante el juicio puso a su servicio a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado, esta última a través de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Los representantes de ambos pidieron su libre absolución.

En lo político, durante meses el presidente y todos sus ministros utilizaron la sala de prensa de la Moncloa, el Congreso, el Senado y cualquier micrófono para sacar la cara por García Ortiz, que según todos ellos no hizo más que defender la verdad y el buen nombre de la Fiscalía frente a un «bulo» del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña. Además, a escasos días del inicio del juicio, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que, de aprobarse en las Cortes (no parece que vaya a ser así), dejaría la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales. Lo que se interpretó como un espaldarazo más a García Ortiz.

En tercer lugar, por el daño causado a una institución medular del Estado de Derecho, que en la teoría no es independiente del Gobierno, pero sí autónoma. El juicio dejó a la Fiscalía General del Estado en carne viva, con algunos fiscales ajustando cuentas entre sí (es el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid). Para la posteridad quedaron las imágenes de un fiscal general, con su toga y sus puñetas, asistiendo a su propio juicio.

Dada la pena de inhabilitación impuesta por el tribunal, el Ejecutivo tendrá ahora que nombrar un nuevo fiscal general, después de que García Ortiz fuese ratificado en el cargo a comienzos de esta legislatura. Antes de este fallo, su mandato expiraba en 2027. El Ejecutivo podía haber aprovechado este juicio inédito para promover una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y acabar con una anomalía: la de que el fiscal general del Estado sea el único de todo el cuerpo de fiscales que no resulta apartado automáticamente de su empleo y privado de su sueldo en el caso de ser procesado. Tampoco lo hizo.

Cuando el juicio quedó visto para sentencia, el jueves de la pasada semana, desde la Moncloa presumieron de que, en la vista oral, la acusación no había podido probar nada. «Con lo visto durante el juicio constatamos la inocencia del fiscal general ante la falta total de pruebas o indicios sobre su persona». Nada más lejos de la realidad del fallo.