13 de agosto de 2022

Editorial

Sánchez pone tiritas en una España desangrada

La crisis es profunda y será duradera, pero el Gobierno solo es capaz de pensar en las próximas elecciones y renuncia a reformas estructurales que ya son imprescindibles e inaplazables

Pedro Sánchez ha presentado su enésimo plan anticrisis, acuciado por un varapalo electoral en Andalucía e inspirado, cuando no plagiado, en el que le ofreció Alberto Núñez Feijóo el pasado mes de abril, rechazado con desdén como tantas otras manos tendidas de la oposición.
Las dos principales medidas frente al ciudadano, la reducción del IVA de la luz al 5 % y la creación de una ayuda de emergencia de 200 euros mensuales para familias con menos de 14.000 euros anuales de renta, formaban parte de esa propuesta del PP que el Gobierno ni siquiera quiso debatir y ahora presenta como grandes logros.
Y la tercera, un impuesto especial a las empresas energéticas a partir de 2023, es de dudosa eficacia: puede tener sentido elevar la fiscalidad de los beneficios «caídos del cielo», que básicamente tienen las gasísticas y las petroleras y no las eléctricas; pero la experiencia apunta a que al final termina pagándolo el consumidor.
Y no servirá para frenar la inflación, más dependiente de las decisiones del Banco Central Europeo que de los parches del Gobierno español salvo que acepte una bajada masiva de impuestos que no está en su agenda.
La prosopopeya de Sánchez, ya desde hace años, es tan intensa como limitados los efectos posteriores: son incontables las veces en que se ha vanagloriado de hitos supuestamente históricos como los planes de rescate durante la pandemia; la obtención de Fondos Europeos o la creación de la renta mínima vital.
Pero son evidentes, y se pueden contabilizar, sus deficientes resultados: lo que no se ejecuta por una pavorosa incompetencia en la gestión, se malogra desbordado por la magnitud de los problemas que intenta atender, muy superiores siempre a los parches de un Gobierno superado siempre por las circunstancias.
Este decreto, de duración limitada a seis meses y negociado bruscamente con Podemos, no será una excepción: España necesita una reforma estructural, y Sánchez se conforma con remedios coyunturales que atienden casi en exclusiva a su desesperación electoral.
Un presidente que solo mira a las próximas elecciones generales, previstas para finales de 2023, es un presidente inválido para afrontar la durísima situación económica de España, terrible en lo inmediato y de difícil solución al medio plazo incluso.
Porque a la disparatada inflación, la inmensa deuda pública, el inasumible déficit y la inminente subida de los tipos de interés se le añade un ecosistema político que agrava todos esos problemas y genera otros nuevos con una política perjudicial y engañosa, sustentada en el clientelismo asistencial e incompatible con la prosperidad.
Que el Gobierno bata récord de recaudación mientras la sociedad española se empobrece sintetiza la suicida política económica de Sánchez, un intervencionista feroz que hace negocio con la miseria y la agudiza con su visión quinquenal de la economía: mucho gasto público, más impuestos que nunca y una funcionarización de la sociedad contraria al dinamismo que solo puede venir del respeto al progreso empresarial.
Que el único sector que funcione en España sea el de la llamada «industria política» lo dice todo del Gobierno, incapaz de dar ejemplo de austeridad y siempre dispuesto a esparcir la peligrosa idea de que la riqueza es negativa y ha de ser fiscalizada e intervenida.
El alivio temporal que darán estas medidas a una parte de la sociedad es innegable. Pero convertir actuaciones de emergencia en la guía de una política económica es desolador e insostenible: España necesita replantearse todo con valentía para sobrevivir a una crisis que ha llegado para quedarse muchos años, pero lo que tiene es un presidente negligente y cortoplacista que hipoteca el futuro del país gravemente y pone tiritas a un presente ya muy negro.
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