Solo nos queda la Sala Penal del Supremo

Toda Constitución debe albergar un sistema de decisión sobre lo que hagan los poderes del Estado, sus organizaciones y los ciudadanos, dilucidando las discrepancias al aplicar el articulado. Y de ningún modo, por reglamentado que tengan ese mecanismo, pueden omitir los protocolos que salven su primacía frente a incumplimientos con fuerza, mediante dolo pacífico o por grave negligencia.

La nuestra del 78 instauró, fuera del Poder Judicial, un Tribunal Constitucional (TC) que el tiempo ha demostrado insuficiente, pues no todo lo que la Constitución dispone tiene que llegar a él y el acceso al mismo —la legitimación activa— no es general, sin que tampoco haya cristalizado su neutralidad, lo que aprovechan los partidos para torear la normativa cuando lo ideológico gana a lo jurídico. Circunstancia incrementada recientemente, porque, adueñándose «la última palabra», el TC se mete donde no le corresponde, proclive a reescribir la carta magna, pecado en el que ni los más baqueteados juristas auguran arrepentimiento, oyéndose por ahí que en este país no legislan, gobiernan y juzgan los tres clásicos poderes separados, sino los progres del TC.

¿Lamentable? Quién lo duda. Pero no bastan lágrimas. «Algo habrá que hacer» resuena por doquier como eco de esta situación desbarajustada sin gobernanza legal ni imperio de la razón. Las cuatro reglas hacen ley y jurisprudencia. Sumar, restar, multiplicar y dividir ventilan si una disposición del rango y contenido que sea, regular o irregularmente tramitada y acordada, va o no al BOE, porque 5 es menos que 6, 6 más que 5 y 176 mayoría. Se toma la Constitución por el pito de un sereno, con la paradoja de que, siendo casi imposible modificarla, la derogación implícita por contravención queda a mano de cualquier politiquero frívolo que acuda en amparo a un TC más ligero que riguroso, lo que llevamos siete años considerando puro pitorreo. Y no es un ejemplo empírico. Es lo que en buena parte está sucediendo con la mascarada de TC que nos desprotege apalancando al Ejecutivo en su desaforado control del Legislativo sin sumisión al mandato de 1978 ni a la simple lógica, con interpretaciones a la carta para la amnistía, la «recasación» en corrupciones firmemente condenadas y otras maravillas donde la aritmética doblega al derecho.

Esa situación —anómala, patética, incluso esperpéntica— está mereciendo la atención de cabezas de peso sin otra conquista que lamentos y protestas estériles, aunque surgiendo descripciones literarias y periodísticas del surrealista panorama hispano que podrían nutrir una recopilación de joyas del ingenio y la creatividad más inspirada. Las hay bufas y graciosas, susceptibles de subir a escenarios de teatro o bajar a pistas de circo para mostrar cómo nace y crece el deterioro democrático. En otras se describe a los actores principales y secundarios de la tragicomedia nacional, sobre todo, al amo, reverenciado como modelo tirano al que admirar por la gracia de Satanás, y contra el que ciertamente el régimen vigente nada arregla en la coyuntura presente.

La entrevista pactada con su TVE por el falsario cortés «chocamanos» de guardias subordinados acreditó que tenemos un charlatán de sonrisa insidiosa, farolero y embustero, con carencias intelectuales y mermas sentimentales, regidas, además, por emociones interesadas de su mente descacharrada; y ahora también de su rostro demacrado por tanta maldad supurada y esa mirada ofídica que le mete miedo a Dios y asusta al diablo. Pero si todos se preguntan y nadie halla respuesta es que España va camino de ser enferma terminal antes de profanar su cadáver quienes la matasen.

El pedal para frenar a los desvariados del TC y direccionarlos por la senda del decoro está en la Ley orgánica 2/1979, artículo 26: «La responsabilidad criminal de los Magistrados del TC solo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Y de seguir con su actual formación —o la temida ecuación a despejar en próxima renovación—, nos acecha una destrucción cada vez mayor. Manos a la obra, pues, antes de que esto coja carrerilla por el arcén que no permite recular. De caer en la red, nadie nos desenredará. Estamos en brazos de la Sala Penal del máximo órgano judicial, que ostenta todo el derecho y la obligación de no dejarse perseguir en su parcela por ningún intruso. Podría ir enseñando los dientes.

El TC no resulta competente para enmendar a la Sala Penal, pero ella sí lo es para enjuiciar a los miembros de aquel, potestad que, con todas las presunciones de inocencia a invocar, obliga al órgano cimero español en criminalidad. Sin las venias ni votaciones amarradas que impiden imputar a Sánchez y sus aliados, blindados como están contra suplicatorios de detención o arresto y declaraciones de incapacidad. Cualquier intento de procesar o inhabilitar al capo por esos medios se quedaría en virtual, porque poco dedica la legislación al caso y siempre bajo autorización de quienes hoy son peto impenetrable.

En resolución, o lo dicho o el certificado de defunción de nuestra democracia. Los comicios podrán derrotar al avieso cacique, pero este tunante retendrá en sus garras al TC y el muy granuja hará lo que le salga estando en la oposición o encarcelado, porque de tal majareta prusiano cualquier cosa cabe imaginar, sea desde Moncloa, desbocado y retozando, o desde un penal, encerrado y custodiado.

¿A qué espera el Supremo? ¿A que el conciliábulo de estólidos ministrillos aplatanados deponga al Rey, lo valide el Congreso y el TC lo ratifique atemperando la legalidad a los tiempos? La Sala Penal puede y tiene que exigir a los colaboracionistas inconstitucionales del TC la culpabilidad que les toque por posible prevaricación y cooperación a la subversión del ordenamiento, aunque siempre —por supuesto— con las garantías que hasta ellos merecen pese a lo hecho y a que se las escamotean al pueblo no pocas veces. Solo nos librará la Sala de lo Penal. Pónganla en marcha ya.