La lengua de la élite

Entre las competencias que debe desarrollar un alumno en la asignatura de Lengua de 1º ESO, me pasa un padre, se encuentra la de «identificar y evitar los usos discriminatorios de la lengua y los abusos de poder de la lengua a través de la palabra a partir de la reflexión sobre los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados que rigen la comunicación entre las personas». No se está pensando, claro está, en los usos discriminatorios que se comenten a diario en las comunidades con lenguas cooficiales.

Si se trata de un estudiante de matemáticas en 4º ESO, entre las competencias específicas que deberá acreditar está el «desarrollo destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables».

El asunto despierta mi curiosidad y compruebo que es toda una aventura acercarse a las mallas curriculares de hoy día. Pero tampoco debe extrañar mucho porque el espectáculo que nos ofrecen las leyes y los diarios oficiales no es menor. Cada vez es más frecuente encontrar expresiones rarísimas, sustituyendo el lenguaje correcto por términos con altísimo contenido ideológico y una evidente finalidad de sustitución o desplazamiento de un vocabulario que alguien, en sus cortas luces, ha decidido que así sea. Cosas de la visión igualitaria de la humanidad como tendencia victoriosa y el gregarismo imperante, digo yo.

El otro día una alumna me preguntaba, y no es broma, por qué la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, también conocida como la LISTA, aunque debería denominarse la TONTA, contiene expresiones como «el titular de la Notaría autorizante» en vez de referir el notario o «las personas otorgantes» en vez del otorgante o los otorgantes, o incluso «las personas titulares del derecho» en vez de limitarse a indicar el titular del derecho. La joven es evidente que tenía padres instruidos y ella misma se había preocupado por instruirse. El elenco de expresiones similares o idénticas es interminable tanto en la normativa nacional como en las autonómicas, y sobre cualquier materia, la que quieran.

En los actos académicos cada vez es más insufrible y bochornoso comprobar los esfuerzos de adaptación de conferenciantes, bueno, más bien sermoneadores o vendedores de crecepelo, a la neolengua para que quede claro el alineamiento y la militancia. Y hasta en las escuelas judiciales ya intentan convencer a los futuros togados de la conveniencia, por no decir sutil obligación, del uso de expresiones tan parecidas como retorcidas. Es decir, nada de utilizar «el juez» o «la juez», sino autoridad judicial y cosas así. Cuanto más impersonal y alejado de fórmulas masculinas y heteropatriarcales mejor, y que entiendan que si se lo aplican mejor les irá en sus carreras. Sepan todos que debemos tener una magistratura modennna, sí, con triple ene, y eso empieza por el lenguaje.

En fin, si usted, apreciado lector, no se ha dejado lobotomizar, es decir, si ha conseguido ponerse a resguardo de esta inmensa oleada de estupidez que no sabemos si en verdad es maldad, sepa que el verdadero peligro para sus hijos y seres queridos está hoy, visto lo visto, en los centros educativos y en las universidades. Recuerde además la tercera ley fundamental del grandísimo Carlo M. Cipolla, aquella que reza que todos los seres humanos estamos incluidos en una de estas cuatro categorías: los incautos, los inteligentes, los malvados, y los estúpidos. Los del primer, tercer y cuarto grupo tienden a fusionarse y confundirse, los del segundo, en cambio, siempre serán minoría y no sabemos siquiera si podrán mantenerse a flote, pero al menos inténtelo, declárese objetor de estúpidos y analfabestias. Y ejerza.

Juan J. Gutiérrez Alonso es profesor de Derecho Administrativo de la Univ. de Granada