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02 de mayo de 2024

Hospital Universitario Cruces  que forma parte de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces y pertenece a Osakidetza

Hospital Universitario Cruces que forma parte de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces y pertenece a OsakidetzaOsakidetza

La Organización Médica Colegial de España critica al Gobierno por ceder al País Vasco la competencia para homologar títulos

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) no ve entendible una solución homogénea al problema de déficit de médicos especialistas sin «una visión estatal para su resolución»

El PNV ha conseguido lo que quería. Solo han pasado cinco meses desde que el partido de Andoni Ortuzar apoyó al PSOE con su investidura. El mismo tiempo que ha tardado Sánchez en sacar adelante uno de los pactos más controvertidos para España: la cesión de la competencia a la comunidad autónoma para homologar todos los títulos universitarios. Una acción que pone en peligro el principio de equidad y no discriminación, y que es consecuencia de la escasez de facultativos que provoca su política lingüística.
En este sentido, la Organización Médica Colegial (OMC) de España, cree que la medida colisiona con nuestra Constitución, ya que el artículo 149.1 establece que el Estado tiene «competencia exclusiva» sobre «las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales a la competencia exclusiva del Estado». Una vez más, Pedro Sánchez se ha saltado las normas.
En una nota de prensa publicada este viernes, la OMC considera que los médicos que han obtenido su titulación médica universitaria en el espacio extracomunitario disponen de «un vehículo normativo y procedimental» para obtener el reconocimiento de la correspondiente especialidad médica a través de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, relatan que este sistema de reconocimiento está «protocolizado y sujeto a una norma estatal», pudiendo contar para la información de «las decisiones del órgano competente», con el Comité de Evaluación y el criterio de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Al hilo de esto, los miembros de la OMC aseveran que disponer en el espacio autonómico de la competencia para homologar podría poner en riesgo «el principio de equidad y no discriminación», propiciando territorios de acceso «duro» y otros de acceso «blando» al reconocimiento de las titulaciones médicas universitarias en el marco extracomunitario, en razón a las condiciones que cada uno pudiera establecer.

Sin títulos de especialidad

Y es que, concretan, transferir esta competencia de homologación de los títulos universitarios al País Vasco podría suponer un «efecto contagio» a otras comunidades que, con los mismos problemas de escasez de profesionales, demandasen disponer de idéntica solución «ajena al soporte normativo estatal actual».
«Esta circunstancia no es nueva», afirman. De hecho, ya se están llevando a cabo contrataciones por parte de servicios de salud que no exigen los correspondientes títulos de especialidad. Situación que conlleva a «un deterioro de los estándares de asistencia y seguridad clínica».
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) denuncia la situación porque, según su criterio, «no es entendible» una solución homogénea al problema de déficit de médicos especialistas sin «una visión estatal para su resolución», considerando que el requisito de la especialidad para ejercer en el sistema público de salud es «un elemento de garantía ineludible para la población».
Como último punto, avisan de que esta medida va «en dirección contraria al propósito de la Profesión Médica Europea», que trabaja desde las diferentes instituciones en la armonización de criterios comunes que garanticen al ciudadano europeo «una asistencia sanitaria de excelencia».
Desde el CGCOM avisan de que ejercitarán las acciones legales que correspondan para impugnar «esta acción de dispersar esta competencia en el espacio autonómico» al ir en contra «del principio de equidad y no discriminación» además de la falta de competencia de dicho espacio y de incumplimiento, por parte del Ejecutivo, del reconocimiento expreso «a los Consejos generales de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de la Autoridad competente compartida que les asiste».
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