Estos son los protocolos legales a seguir para desalojar una vivienda 'okupada'

La ocupación ilegal de viviendas es un problema que afecta a miles de propietarios en España, y que ha sido objeto de debate en los últimos años. Solo en 2022 se produjeron 16.000 denuncias por esta práctica y, según los datos del Ministerio del Interior facilitados por el portal inmobiliario idealista, durante el primer semestre del pasado año había en nuestro país un total de 10.220 viviendas ocupadas.

Sin embargo, la nueva Ley de Vivienda aprobada en el Congreso este mismo jueves, 27 de abril, lejos de buscar vías para solucionar este problema, hará que los procesos de desahucio se alarguen hasta dos años y que pueda incluso impedirse la expulsión de una familia okupa.

De hecho, según la nueva norma, no se admitirán demandas de grandes tenedores contra una persona vulnerable que viven en su casa sin que antes se de un procedimiento de conciliación entre el propietario y el inquilino, aunque este se encuentre en el inmueble de manera ilegal.

¿Y cuáles son los procedimientos legales para expulsar a un okupa de una vivienda?

Allanamiento de morada o usurpación

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no todas las ocupaciones son iguales. No es lo mismo, legalmente, que una persona entre en un domicilio en el que un propietario viva de manera habitual o que esta acceda a otro inmueble que no esté siendo utilizado.

En el primer caso estaríamos hablando de un allanamiento de morada, según recoge el artículo 2020 del Código Penal, y conlleva penas de cárcel de entre los seis meses y los dos años. Sin embargo, si estamos ante el segundo escenario, estaríamos ante un delito de usurpación, tipificado en el artículo 245 del Código Penal. Este es un delito leve, solo castigado con una multa.

En ambos casos lo primero que hay que hacer es presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cueros de Seguridad del Estado o ante el juzgado, pero los procedimientos que se siguen son distintos.