Los europarlamentarios del Partido Popular, Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos han llevado hasta el Parlamento Europeo el homenaje que el pasado viernes se brindó en la localidad vizcaína de Bermeo al miembro de ETA, Elías Fernández, a raíz de su fallecimiento.
En el mismo, no solo se recordó la figura del terrorista, autor del asesinato del peluquero Agapito Sánchez y del taxista Juan José Uriarte, sino que se le bailó un 'aurresku' de honor, se le despidió con bengalas y se cantó el 'Eusko Gudariak' al fallecido y a los terroristas representados en una pancarta.
A través de una pregunta parlamentaria, los eurodiputados recuerdan a la Comisión Europea que «los jueces españoles han reiterado la necesidad de contar con instrumentos legales adecuados para poder actuar contra estos actos». Por eso, piden al órgano de gobierno de la Unión Europea que inste al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para prevenir estos homenajes.
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha considerado que «cualquier homenaje a un asesino de la banda terrorista, vivo o fallecido, que mató a más de 850 personas y que con crímenes sin esclarecer, es una humillación a las víctimas y una afrenta a la democracia». También ha recordado el informe que elaboró la Comisión de Peticiones tras la misión que visitó España el año pasado y en el que se manifestó el apoyo firme y contundente a las víctimas de ETA y pedía evitar el enaltecimiento público de los terroristas.
A su vez, el europarlamentario Javier Zarzalejos ha recordado que la semana pasada mismamente el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre derechos humanos en la Unión Europea en el que se instaba a las autoridades a «evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones a la imagen de las víctimas por parte de sectores sociales relacionados con el agresor».
Con todo ello, los dos europarlamentarios del Partido Popular han pedido que se revise la Directiva Europea 2012/29/EU, del 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, para incorporar las recomendaciones de ambos informes.
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