La difícil imputación de los mossos detenidos por ayudar en la huida de Puigdemont

Dos mossos d'Esquadra fueron detenidos este jueves en Barcelona por participar en la huida del expresidente prófugo Carles Puigdemont. Los dos se encuentran ya en libertad con cargos, pero sin que el juez haya tomado ninguna medida cautelar contra ellos para evitar que también huyan de la Justicia. Y es que va a ser complicado que se pueda demostrar algún tipo de delito.

El principal delito al que se enfrentan, tanto los dos mossos detenidos como otros que pudieran serlo, tal y como ha explicado este mismo viernes el Comisario Jefe de los Mossos, Eduard Sallent, es el de encubrimiento.

El artículo 451 del Código Penal castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años de cárcel a quien «con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura».

Cuando el juez Llarena emitió la orden de busca y captura contra Puigdemont, se le acusaba de delitos más graves que el de la malversación, como es el de sedición. Tras la anulación del delito de sedición aprobado por Pedro Sánchez para contentar a sus socios de ERC, tan solo queda el de malversación, por lo que la condena por el encubrimiento podría quedar en la parte inferior del arco.

Los antecedentes del 18

De hecho, no hay que olvidar que los mossos que escoltaron en un periplo europeo a Puigdemont en 2018 ya fueron absueltos en un juicio muy similar al que se enfrentarían por el delito de este 2024.

Y aún con todo, en aquel caso la Fiscalía solo pedía año y medio de prisión a pesar de que los delitos imputados eran más graves que el que actualmente persigue a Puigdemont y su participación más evidente.

El primer mosso detenido, el dueño del coche blanco que se utilizó como señuelo para despistar, alegó además que se encontraba de baja, es decir, no se encontraba ejerciendo el trabajo de policía autonómico. Así pues, será trabajo de la investigación determinar si esa baja laboral estaba justificada o se tomó para participar en el dispositivo de ayuda a Puigdemont. En caso de ser así, se enfrentaría a una pena de 1 a 4 años de cárcel «si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito», según el artículo 407 del Código Penal.