El Constitucional confirma que el magistrado Macías queda definitivamente apartado de todas las causas de la amnistía

El Constitucional ha cerrado la última vía posible para replantearse su decisión de expulsar al magistrado José María Macías de todas las causas que se siguen en la Corte contra la Ley de Amnistía. Como adelantó El Debate, en primicia, el Pleno de la Corte de Garantías ha desestimado, este mismo martes, todos los recursos de súplica planteados contra el auto del pasado mes de enero por el que el sector izquierdista, con mayoría aritmética, aceptó la recusación del jurista, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según han confirmado fuentes del Tribunal, de nuevo, los siete miembros del ala más afín al Gobierno, han rechazado las alegaciones presentadas por el grupo parlamentario del Partido Popular y por los Consejos de gobierno de once de las comunidades autónomas que pleitean contra el borrado penal del procés: Madrid, Murcia, Islas Baleares, Extremadura, Galicia, Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía.

No en vano, todas ellas cuestionaron no sólo el 'enjuague' diseñado por la Presidencia del TC para evitar la participación de Macías en los asuntos relativos a la amnistía sino, también, el hecho de que no se les permitiese personarse en la tramitación de las tachas planteadas sobre el jurista.

Ahora, como en aquella ocasión, han anunciado voto particular al fallo que ha sido comunicado, los magistrados Ricardo Enríquez, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa. Estos tres últimos, además, han instado en las últimas horas la suspensión de cualquier pronunciamiento sobre el texto de la norma hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la misma.

Cabe recordar que la expulsión de Macías, inicialmente prevista para la primera de las causas abiertas contra la amnistía se «extendió», más tarde, a todos los recursos de inconstitucionalidad del texto, en una maniobra instada por el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido para evitar que tanto las administraciones regionales como el PP pudieran pronunciarse formalmente.

Y ello pese a que antes de resolver sobre esta situación tanto el propio Conde-Pumpido, como la magistrada Laura Díez –ambos también cuestionados en la materia– se reactivaron mutua y sucesivamente para poder participar y votar en la sesión en la que se decidió prescindir de su compañero.

El magistrado que, además, era el encargado de resolver la impugnación cabecera de la amnistía y, por lo tanto, el guardián de los tiempos para dar respuesta a la legalidad, o no, del borrado penal del procés escapaba, así, al control del sector mayoritario de la Corte que, como adelantó este diario en exclusiva, ya dispone de un primer borrador de informe, confeccionado por el equipo de letrados destinados en exclusiva al trabajo técnico previo, que sería favorable a la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2004, de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña.