¡Gasolineros forzados a fiarle dinero al Estado!
Vivimos en un país socialista, donde el Gobierno esquilma a los empresarios y hasta les prohíbe despedir
Geluco Guerreiro, fallecido en 2013 a los 67 años tras el calvario de un mal del riñón que soportó con la elegancia de un perfecto gentleman norteño, era el perenne dirigente de los comunistas gallegos. A pesar de que representaba a una de las ideologías más execrables jamás creadas, se trataba de un hombre muy educado, que gastaba un aspecto curioso, con sus gafotas tipo lupa, su imponente bigotón rubio y sus americanas de aire británico. Siempre se pegaba unas tremendas toñas en las elecciones las autonómicas. Pero siempre lograba mantener su escañito.
A veces coincidía con Geluco en la tertulia de una radio local. Al acabar, conversábamos un ratito, mientras él, fumador compulsivo, se rodeaba de su anhelado nubarrón de Ducados. En aquellas charlas me iba dando la sensación de que Geluco era muy consciente de que el catecismo marxista no funcionaba en la práctica. Un día, por fin, me contó una anécdota reveladora de su mocedad, un viaje a la URSS, la meca de los comunistas. Allí lo llevaron a visitar una gran fábrica estatal que manufacturaba tornillos y tuercas. Pero resultó que no encajaban. Toda la producción acabó en la basura. «Me di cuenta que aquello de la economía planificada, uy, uy…», rezongaba piadosamente Geluco, mientras su bigotón componía una sonrisa pilla.
En efecto, aquel comunista honesto consigo mismo tenía razón: la pezuña intervencionista no funciona. No lo hizo antes y no lo hará ahora.
Me ha venido todo aquello a la mente viendo la contraproducente verbena intervencionista de nuestro Gobierno «progresista, ecologista y feminista», que en realidad solo encarna lo de siempre: vetusto y multifracasado socialismo.
Resulta delirante que hayan obligado a los gasolineros, muchos de ellos pequeños empresarios, a fiarle dinero al Estado para que Sánchez pueda ponerse una medalla con sus subvenciones peronistas (que con una duración de tres meses no arreglarán nada, pues son un parche improvisado que solo servirá para aumentar el tremendo boquete de las cuentas públicas).
Resulta esperpéntico que se prohíba el despido por decreto, una medida impropia de una economía abierta y que parece salida de la Cuba de Castro. Si a un empresario se le disparan los costes por una inflación desbocada y no puede despedir para ajustar sus gastos, ¿qué alternativa le queda?, ¿cerrar el negocio porque a Yolanda Díaz y a Sánchez así les place en nombre de sus rancias fijaciones intervencionistas?
Resulta dantesco, aunque no sorprendente, que el pasado 13 de marzo Sánchez se comprometiese formalmente ante todos los presidentes autonómicos a una bajada de impuestos, para acto seguido incumplir ese acuerdo con efigie de acero inoxidable. Y es que no les gusta que las personas dispongan de su dinero y tomen sus libres decisiones económicas. Prefieren subvencionarlos, a fin de intentar comprar su voto con cargo al erario público. Quieren que los ciudadanos se sientan rehenes del Estado providencial (e intrusivo).
Hay que sacudirse esta igualación a la baja. Volver a pensar a lo grande y recuperar las plenas libertades, empezando por las económicas, porque ahora mismo en la España oficial los tornillos ya no encajan en las tuercas.
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