«¿Quién manda en la Fiscalía?»

Pedro Sánchez nunca ha pretendido disimular el control que ha ejercido sobre la Fiscalía General del Estado desde que llegó a la Presidencia del Gobierno. Incluso se vanaglorió de ello ante los medios de comunicación.

El entorno del presidente del Gobierno se apresuró a criticar días atrás la publicación del fallo del Supremo sin el argumentario de la sentencia. Habrá que ver ahora cómo el Equipo Nacional de Opinión Sincronizada responde al contundente fallo de unas 200 páginas y cómo ensalza los votos particulares discrepantes como única tabla de salvación. Lo que no tiene discusión es que los magistrados del Supremo, por cinco votos contra dos, han acusado explícitamente y condenado al fiscal general del Estado por intentar defenderse de una falsedad perpetrando un delito. ¿Puede haber algo más grave que perpetrar un delito desde la Fiscalía General del Estado? Y ahora que hay una condena firme ¿no tiene responsabilidad el que manda en la Fiscalía? ¿Puede alguien creerse que Sánchez no tuvo ninguna intervención en el delito cometido? Yo no.

El problema es que en la perversión del sistema político que está haciendo Sánchez, pretende ahora convertir el Tribunal Constitucional, que es una corte política, en la última instancia judicial. ¿Recuerdan cómo manifestó que García Ortiz era inocente antes de que el Supremo sentenciara? Pues figúrense ahora en un Constitucional que depende de él mucho más que la Fiscalía. Para Sánchez ya no hay un Tribunal Supremo digno de ese nombre. El verdadero Supremo es el Constitucional. Se juega así con la trampa de que en Estados Unidos el Tribunal Supremo hace las veces de nuestro Constitucional. Pero nuestros sistemas constitucionales son diferentes.

El Supremo dice no tener una prueba definitiva sobre la filtración del correo por parte del fiscal Álvaro García Ortiz, ya que él borró todo el contenido de su teléfono y sus ordenadores y el periodista de la SER que dio la primera noticia sobre ese correo aseguró en el juicio que no fue García Ortiz quien le facilitó su contenido. Pero los magistrados que firman la sentencia afirman que hay un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente» que lleva necesariamente a afirmar que fue el propio fiscal general, «o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento», quien entregó el correo a la SER «para su publicación». Lo de eliminar pruebas siempre es un indicio que los tribunales suelen tener muy en cuenta.

Lo peor de la sentencia es que de nuevo desatará una polémica sobre el supuesto lawfare y el equipo habitual intentará descalificarla. Es decir, nos contarán que Álvaro García Ortiz es inocente y ha sido condenado por una Justicia partidista. Quienes esto dicen están minando el sistema democrático español. Si de verdad creen que no hay Justicia en España, están afirmando que España ya no es una democracia. Porque no hay democracia sin Estado de derecho. Hay que ser muy consciente de la gravedad de esa afirmación.

Y muy consciente de ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestó ayer después de conocerse la sentencia, su «total y absoluta confianza» en el Tribunal Supremo. «Creo profundamente en los tribunales de Justicia y la obligación en un Estado de derecho es creer en los tribunales de Justicia». Pues sería muy de agradecer que la ministra Robles empiece a predicar en su entorno inmediato.