Sánchez asalta el Tribunal Constitucional
Se dará la aberración jurídica de que el magistrado Juan Carlos Campo tendrá que juzgar en el Constitucional al ministro Juan Carlos Campo. Esto no ocurre ni en las dictaduras tercermundistas
En un nuevo capítulo del asalto del Gobierno a la Justicia, Pedro Sánchez ha impulsado el nombramiento para el Tribunal Constitucional de dos estrechos colaboradores, con el mismo impudor que en el pasado le llevó a imponer a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado.
Uno es Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia que se prestó a impulsar los indultos de nueve políticos catalanes condenados en el Supremo por sedición, con unos expedientes revelados por El Debate que demostraron el burdo apaño: él mismo reconocía que no se merecían la medida de gracia, que no había ningún tipo de arrepentimiento y, además, que no renunciaban a su objetivo ilegal.
Esa sumisión tiene ahora premio, pero también es un encargo: si Campo se prestó al enjuague inicial, se prestará a los que haga falta en función de las necesidades de Sánchez y de los peajes insoportables que soporta para obtener el respaldo del separatismo.
Y se dará la aberración jurídica de que el magistrado Juan Carlos Campo tendrá que juzgar en el Constitucional al ministro Juan Carlos Campo. Esto no ocurre ni en las dictaduras tercermundistas.
Y lo mismo cabe decir de la segunda señalada, la catedrática Laura Díaz, subordinada directa en la propia Presidencia del ministro más cercano a Sánchez, el ínclito Félix Bolaños: su papel va a ser, sin duda, reforzar a Campo en las instrucciones que éste reciba del Gobierno.
Todo ello junto resulta inquietante, y demostrativo que en la hoja de ruta de Sánchez no solo hay un asalto de las instituciones judiciales para ponerlas a su servicio y evitarse sobresaltos tan contundentes como, en el pasado reciente, fueron las resoluciones del Tribunal Constitucional contrarias a los estados de alarma durante el confinamiento.
También hay un evidente deseo de doblegar su posible resistencia a planes que modifiquen de facto la Constitución y la adapten al chantaje independentista, del que Sánchez es rehén: primero indultó a los delincuentes; después ha derogado sus delitos y ahora solo le falta legalizar las reformas que le exigen, incompatibles con la ley, la historia, el sentido común y la nación.
Que todo eso lo haya hecho Sánchez dejando una huella tan profunda de asalto a la separación de poderes legitima las peores sospechas y obliga a activar todas las alarmas: primero quiso reformar el procedimiento de elección de los vocales del Poder Judicial; a continuación, paralizó su funcionamiento; después levantó parcialmente el veto para renovar el Constitucional y ahora lo llena de subordinados.
El siguiente paso es tan pernicioso que solo mentarlo produce espanto. Pero viendo la secuencia de hechos y decisiones, ya nada se puede descartar: ni siquiera que Sánchez esté cambiando desde fuera el diseño actual del Estado, poco a poco, para ponerlo al servicio de su proyecto y del de sus socios.
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