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El presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian.

REMITIDA / HANDOUT por MÓNICA GONZÁLEZ ISLAS
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
29/1/2025

El presidente del Grupo Prisa, Joseph Oughourlian.Europa Press

Afines al Gobierno sondean a Soros y un inversor próximo a Putin para hacerse con Prisa

El grupo de accionistas de Prisa afín al Gobierno busca a la desesperada inversores extranjeros para intentar hacerse con el control de la compañía propietaria de El País y la Cadena SER. Entre otros ha sondeado a George Soros (cuyas inversiones gestiona ahora su hijo Alex Soros) y a Daniel Křetínský, un multimillonario checo al que se relacionó con Putin cuando compró en 2019 un 49 % del diario francés Le Monde que vendió luego en 2023, según ha podido saber El Debate de fuentes de primer nivel del sector financiero.

La propuesta está encima de la mesa, y ahora habrá que ver si estos inversores ven interés en Prisa y se deciden a plantear una oferta que pueda alejar del control a Joseph Oughourlian, el actual presidente y principal accionista de la compañía con el 29,9 % de las acciones.

La alta participación del francés y la de sus afines obligaría a lanzar una oferta de adquisición (OPA) sobre el 100 % de la compañía. Así lo indica la ley cuando un comprador quiere hacerse con más del 30 % del capital social de una empresa. Les llevaría a tener que desembolsar entre 800 y 900 millones de euros, como ya contamos en este periódico.

Está por ver si los afines al Gobierno convencen o no a estos potentes inversores extranjeros. Lo que de momento es un hecho es la estampida de accionistas afines al Ejecutivo de Sánchez. Como ya adelantamos en este periódico, el primero en salir fue Daniel Romero Abreu, muy próximo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Vendió a final de marzo sus 3,8 millones de acciones, que compró el propio Oughourlian, como desvelábamos en este artículo.

Según ha podido saber El Debate, otros accionistas cercanos al Gobierno están dispuestos a vender: Fernando Ocaña, que tiene el 1 %, y Pedro Escudero, que posee el 2 %.

La participación de los accionistas afines al Ejecutivo de Sánchez, que era del 17 % en total, se ha diluido tras la reciente ampliación de capital que realizó Prisa y que aseguró a Oughourlian la mayoría en la próxima junta de accionistas del 14 de mayo (aunque Vivendi, segundo accionista con el 11,8 %, virara hacia el Gobierno). En concreto, la de Diego Prieto se ha reducido al 2,74 %, y la de Adolfo Utor descendió al 4,38 %, algo que deberían haber comunicado a la CNMV y no han hecho, según fuentes del grupo.

Las espadas están en todo lo alto, y puede que algo cambie o todo quede más claro antes de que se celebre la crucial junta de accionistas del próximo 14 de mayo. En buena medida dependerá de lo que ocurra con la demanda interpuesta contra la reciente ampliación de capital de Prisa por el principal accionista afín al Gobierno: Global Alconaba, representada por Andrés Varela Entrecanales, el productor del documental de Sánchez.

Como ya contábamos en este artículo, la juez rechazó en la primera sesión que se suspendiera sin escuchar a la compañía esta ampliación de capital, que vincula la refinanciación de la deuda de Prisa a la permanencia de Oughourlian en la empresa. Hoy tiene lugar la segunda sesión, en la que la juez escuchará a la dirección de la firma.

En principio, la resolución del caso se realizará en un plazo de entre cinco días y una semana, antes de la junta de accionistas. Pueden pasar tres cosas: que la juez estime que la ampliación de capital se realizó correctamente y no tome medidas cautelares contra Prisa; que no vea correcta alguna cuestión y decida que se modifique algo; que suspenda la operación de ampliación de capital, algo que parece poco probable.

Si la resolución se encaminara a la suspensión, en este artículo ya comentábamos cómo sería la respuesta de la compañía: pediría primero a los demandantes unos avales por un mínimo de 100 millones de euros por poner en peligro la refinanciación de la deuda, y, si finalmente los demandantes ganaran, presentarían una demanda contra los afines por 815 millones de euros, el valor total de la deuda de la compañía en la actualidad.

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