02 de octubre de 2022

La ministra de Educación, Pilar Alegría

La ministra de Educación, Pilar Alegría

Educación

El doble rasero de Alegría: tolerancia ante los desmanes catalanes y vascos e intransigencia con Ayuso

La ministra de Educación denuncia la «sublevación» de la Comunidad de Madrid en «un sinfín de temas» para justificar la no aplicación de la sentencia del 25 % del castellano en Cataluña

La obsesión de Pilar Alegría con Isabel Díaz Ayuso comienza a ser enfermiza. Ahora ha acusado a la Comunidad de Madrid de «sublevarse» en reiteradas ocasiones sobre «un sinfín de temas». Y todo ello mientras la Generalitat reconoce que no van a aplicar la resolución del TSJC sobre el castellano y el gobierno vasco ha sentado las bases para una ley educativa que tendrá el euskera como «eje vertebrador».
Ya durante la tramitación de la LOMLOE el asunto de la lengua vehicular levantó cierta polémica. El PSOE eliminó la mención amparándose en que la Constitución ya defiende la oficialidad del castellano, a pesar de que algunas leyes educativas autonómicas, como en el caso de Cataluña, sí recalcan la vehicularidad de las lenguas cooficiales.
Se suponía que la llegada de Pilar Alegría a la cartera de Educación serviría para apaciguar los ánimos que dejó Isabel Celaá. Pero no hubo más que esperar a ver el contenido de los currículos de cada ciclo educativo para ver que la nueva ministra seguiría plegándose a los deseos de los socios nacionalistas de Pedro Sánchez.
Ahora, preguntada por la negativa de la Generalitat a cumplir la sentencia del castellano y la relación con las críticas de Ayuso a la LOMLOE, Alegría ha echado balones fuera. «No es lo mismo hablar sobre una cuestión donde hay un tribunal que planeta claramente el cumplimiento de una sentencia como la sublevación a que alguna comunidad, como la de Madrid, suele plantear en reiteradas ocasiones», aseguró Pilar Alegría en una entrevista para EP.
La ministra critica que para el PP «siempre hay problemas» en las comunidades con lengua cooficial salvo en Galicia, donde gobiernan. «Siempre existe la posibilidad de que, si alguna familia o algún estudiante considera en Cataluña que sus derechos no están respetados, puedas acudir a la Justicia», añadió.
«Más allá de eso, lo verdaderamente importante cuando hablamos de esta cuestión es que, aquellos jóvenes que se están formando en esas comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, cuando acaben la enseñanza obligatoria sepan desenvolverse con la misma soltura».
Pero lo cierto es que sí hay problemas, y bastante graves. Hace unos meses, el Gobierno vasco sentó las bases de lo que sería la próxima ley de Educación, que pretende convertir el euskera en un «agente activo de cohesión social» que vaya más allá de la escuela. Tal es el afán ‘euskaldunizador’, que la viceconsejera de Política Lingüística llegó a revelar que se realizaría a través de estudios «municipio a municipio» para ver «qué hábitos de vida tienen los ciudadanos» sin que provocara ningún tipo de reacción por parte del Ejecutivo de Sánchez.
Pero es en Cataluña donde el atropello está siendo más evidente. A pesar de la sentencia del Supremo que obliga a los centros educativos a impartir un mínimo de horas en castellano, la Generalitat ya ha dicho que no lo va a cumplir. Y no solo eso: el Govern está haciendo lo imposible para que la imposición lingüística se extienda a todos los ámbitos extraescolares.

«Insolidaridad con Europa»

Tampoco en este caso el Gobierno se ha mostrado muy interesado en defender la Constitución, más ocupado en los ataques personales contra Ayuso que se llevan repitiendo desde hace meses.
La última ha sido a raíz de las críticas de la presidenta regional por el decreto energético aprobado por el Gobierno hace unos días. «Frente a este acuerdo unánime de los países europeos, nos encontramos con voces como la de la presidenta de Madrid, mostrando su insolidaridad», comentó Alegría.
Fechas antes, la ministra también acusó a la presidenta madrileña de «insensibilidad social» y «retorcida» por aprobar elevar el techo salarial para la adjudicación de las becas, a pesar de que otras comunidades gobernadas por los socialistas ya lo hicieron.
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