Dolores Delgado, la exfiscal general del Estado, con su sucesor Álvaro García Ortíz, en la sede del Tribunal Supremo
Causas Pendientes
Las hipotecas políticas de Delgado a su sucesor en la Fiscalía General del Estado
La llegada de Álvaro García Ortiz, mano derecha de la polémica socialista, se ha visto empañada por las críticas tras modificar, entre otras cuestiones, la línea de acusación contra los etarras tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco
El 5 de marzo de 2020, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogió el acto de toma de posesión de Álvaro García Ortiz como fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Desde entonces, en que el «elegido» por Dolores Delgado aceptaba ser su número dos al frente del Ministerio Público, y hasta el pasado martes, tras la dimisión de su mentora por problemas de salud, han pasado muchas cosas y, la mayoría de ellas, envueltas en la polémica. La mano derecha de Delgado, las veces brazo ejecutor de sus dudosas decisiones y opacas maniobras, ha ascendido al máximo cargo de la Carrera fiscal envuelto en un halo de críticas antes, incluso, de que se haga oficial su nombramiento.
Las hipotecas políticas de su predecesora -la judicializada investigación del 'caso Stampa'; la cuestionada elección del fiscal de la Unidad de Menores, desoyendo al Supremo; el volantazo en la línea acusatoria contra los «cerebros» etarras detrás de la orden del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que El Debate destapó en exclusiva; su propio pasado vinculado al PSOE de Galicia, ...- empañan, de nuevo, la pretendida transparencia e independencia de una institución laminada durante la era Dolores Delgado quien, a su vez, aspira a que García Ortiz la premie con un ascenso a la primera categoría del escalafón como nueva fiscal de la recién creada plaza de Memoria Democrática, tras el pacto del Gobierno con EH Bildu.
El peaje de Bildu, la primera en la frente
La infamia se instalaba esta misma semana en la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, por orden del que en los próximos días será el nuevo fiscal general del Estado, ha decidido dar carpetazo al secuestro y el asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, cambiando el criterio de acusación contra los tres históricos jefes de ETA que, presuntamente, lo ordenaron. El fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, había defendido en un pormenorizado informe jurídico, publicado en exclusiva por El Debate, la vigencia de los delitos por los que estaban siendo investigados María Soledad Iparaguirre, alias Anboto, Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza y José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri.
Sin embargo, González Mota renunciaba, de manera repentina, este mismo jueves, a personarse en el interrogatorio previsto por el juez instructor Manuel García-Castellón para dos de ellos, 'Anboto' y 'Antza', al conocer que desde la Secretaría Técnica, que todavía dirige el sucesor de Delgado, se posicionaban a favor de la prescripción de los hechos, alegados por las defensas de los etarras. En el seno de la Fiscalía cuestionan la autoridad orgánica de García Ortiz para imponer su tesis y respaldan la actuación de su compañero ante el evidente «peaje» impuesto desde el Gobierno al próximo fiscal general «tras los recientes pactos alcanzados con Bildu», apuntan a El Debate voces críticas con la «purga» del fiscal titular.
Y, todo ello, en un escenario en el que el Supremo ha anulado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dos sentencias absolutorias contra exetarras -una de ellas del cuestionado magistrado José Ricardo de Prada- por errores de valoración de las pruebas y en el uso de la pretendida prescripción de los hechos cometidos por un total de cuatro terroristas-entre ellos la propia María Soledad Iparaguirre, alias Anboto- en dos atentados de la banda armada ETA.
Las maniobras en el 'caso Stampa'
Los fiscales no disimulaban su absoluta «sorpresa» tras conocer «el anuncio» de que el nuevo Fiscal General del Estado sería el, todavía, secretario técnico y hombre de máxima confianza de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz. «El ahora candidato a FGE ha sido corresponsable en todo aquello que ha merecido la crítica a la Institución, y, por tanto, participa sin matices del fracaso y desprestigio de la gestión de Dolores Delgado, por lo que su elección sólo se explica desde la indiferencia al daño causado a la institución y a la Justicia española», afirmaban sin tapujos desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), en una breve nota emitida el pasado miércoles.
No en vano, García Ortiz se ha visto salpicado durante meses por el conocido como caso Stampa en el que, presuntamente, desde la Fiscalía se prolongó de manera artifical una investigación interna contra el exfiscal de Tándem, Ignacio Stampa –señalado por una supuesta filtración de información confidencial a la abogada de Podemos, Marta Flor– para bloquear su acceso a una plaza fija en Anticorrupción.
Pese a las explicaciones ofrecidas por la propia Delgado y por su mano derecha, ahora ascendido a fiscal general, en un Pleno Extraordinario del Consejo Fiscal, con la cuestión de fondo como único punto en el orden de la convocatoria, hasta hoy no hay convicción alguna para la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) de que Delgado -a través de su segundo que, como desveló El Debate supuestamente retocó un informe para mostrar una imagen desfavorable de Ignacio Stampa- no maniobrase para perjudicar al entonces fiscal del caso Villarejo en 'Tándem'.
Documentos en Exclusiva
La Fiscalía de Delgado retocó un informe para dar una imagen desfavorable del fiscal Stampa
La ocultación de parte de la información sensible, alguna de la cual puso en conocimiento de varios vocales del Consejo el propio Stampa, ha sido reclamada judicialmente por la AF a la cúpula fiscal que, en las próximas semanas, ocupará García Ortiz. Por los mismos hechos, la Justicia madrileña ya se pronunció en una ocasión anterior, instada por el fiscal perjudicado, condenado en costas, por primera vez en España, a la fiscal general del Estado por su mala fe procesal.
Tener 'Memoria' con su predecesora
Álvaro García Ortiz tendrá, entre sus primeros cometidos al frente de la FGE, los nombramientos pendientes en diferentes puestos vacantes en el seno de la carrera, que no han sido resueltos por su antecesora antes de dimitir del cargo. Entre ellos, la ejecución de la sentencia del Supremo que revocó la elección del fiscal adcrito a la Unidad de Menores; la renovación en septiembre de Alejandro Luzón al frente del Departamento de Anticorrupción, la designación del fiscal jefe de las Islas Canarias o las tres vacantes que se han abierto con su ascenso y la renuncia de Dolores Delgado: la Secretaría Técnica, que deja el propio García Ortiz; la jurisdicción militar y la coordinación de los delitos de odio, toda vez que la propia Delgado, veinte días antes de su dimisión, envió al fiscal al frente de la misma a ocuparse de los delitos económicos.
En el horizonte de la exministra socialista se encuentra la nueva plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática cuya creación está contemplada en la polémica Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de EH Bildu. Una salida profesional que, según apuntaron en primicia fuentes de la Fiscalía a El Debate, Dolores Delgado aspira a ocupar gracias al favor de Álvaro García Ortiz quien, como nuevo fiscal general, tiene la potestad para elegirla como responsable de la especialidad.
Con ello, además, Delgado sería automáticamente ascendida a la primera categoría del escalafón de la Carrera, posición que no ostenta ahora mismo, tras el atajo frustrado del Gobierno en una enmienda a la Ley Concursal que concitó el rechazo, en bloque, de todo el arco parlamentario. Desde su socios de Podemos, que se negaron a apoyarla, hasta la férrea oposición de la bancada del Partido Popular con la treta. Así las cosas, el Ejecutivo socialista se vio obligado a renunciar al dislate.
La nueva plaza de Fiscal de Sala que se creará en el seno del Ministerio Público «para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura». Un fiscal al que, además, «se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización», según lo previsto en el artículo 28 de la norma.
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