Intención de voto en España desde 2021 según el promedio quincenal de encuestas de Electocracia
No da más de sí
Sánchez no suelta la presa de Castilla y León, alertado por su nueva caída en las encuestas
El PSOE, a través del Gobierno, trata de alimentar una polémica que da señales de agotamiento. Intenta frenar los efectos electorales de la sedición, la malversación y la ley del 'solo sí es sí'
El Gobierno trata de mantener, de manera un tanto forzada, el latido de la polémica suscitada por el Gobierno que comparten el PP y Vox en Castilla y León.
De ahí el requerimiento de incompetencia que el Consejo de Ministros aprobó este lunes, fundamentado en la nada, y en el que pide al Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco que «cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier decisión que establezca obligaciones, instrucciones, indicaciones o recomendaciones al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término».
Los socialistas han visto el cielo abierto en Castilla y León, en un muy mal momento para Pedro Sánchez en las encuestas. El presidente y líder del PSOE lleva en caída los dos últimos meses, lastrado por la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación –ambos para satisfacer a ERC–. Como también por el desaguisado de la ley del 'solo sí es sí', que va camino de los 200 beneficiados. Una norma que el Ejecutivo sigue empeñándose en no retocar, a la espera de una unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo que probablemente no llegue.
Ello a pesar de que, tras un arranque del curso muy flojo en medio de la inflación galopante, Sánchez había recuperado algo de resuello en octubre con la aprobación de unos Presupuestos Generales de 2023 con récord de gasto público.
El gráfico de Electrocracia, que hace un promedio quincenal de todos los sondeos publicados, muestra que Alberto Núñez Feijóo ha empezado el año a 5,7 puntos de distancia de Pedro Sánchez. La intención de voto del popular se sitúa en el 31,7 %; la del socialista, en el 26 %.
La rueda de prensa del vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo, el pasado jueves en Valladolid, fue inspiradora para Ferraz y la Moncloa. A partir de ahí, los socialistas decidieron desempolvar la estrategia del miedo a Vox, a pesar de que no les funcionó en la Comunidad de Madrid en mayo de 2021 y mucho menos en Andalucía en junio de 2022. En esta última, agitar el espantajo solo sirvió para disparar el voto útil a Juanma Moreno, que obtuvo mayoría absoluta.
Ello al comienzo de la precampaña de unas elecciones municipales y autonómicas en las que el PSOE corre el riesgo de perder parte de su poder territorial. Aunque los socialistas insisten en que salen a ganar en todas las plazas, también en las que actualmente están en manos del PP.
Pedro Sánchez, durante un mitin en Sevilla el pasado sábado
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, negó este martes tras el Consejo de Ministros que el Gobierno esté utilizando interesadamente el protocolo fantasma de la Junta de Castilla y León. Según ella, solo está intentando «proteger» a las mujeres.
Sin embargo, el propio Pedro Sánchez lo usó como banderín de enganche en el mitin que protagonizó el sábado en Sevilla, y también este martes en Davos. Allí advirtió: «Debemos evitar que estas formas políticas lleguen a las instituciones y destruyan la UE desde dentro porque la amenaza es muy real, especialmente donde estas fuerzas de ultraderecha tienen el apoyo de los principales partidos conservadores que les están abriendo las puertas del Gobierno», en clara alusión al PP y Vox.
Desde que el domingo por la tarde el Gobierno anunció que había enviado un requerimiento oficial a Castilla y León, los ministros han tenido una intensísima actividad en los medios de comunicación. Solo el lunes, la propia Isabel Rodríguez dio tres entrevistas y la ministra de Sanidad, que además es candidata del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas, otras tres.
También Félix Bolaños, Pilar Alegría, Reyes Maroto y María Jesús Montero, entre otros, han opinado en las últimas horas, haciendo responsable a Feijóo de lo sucedido. Con el consiguiente enfado en el PP. Desde las filas populares, Isabel Díaz Ayuso y Borja Sémper han sido los más duros con Vox, al que han llegado a definir como un «chollo» para Sánchez. Es la segunda vez en apenas dos meses que la oposición se da un tiro en el pie.
La anterior fue cuando, con Irene Montero noqueada por las primeras rebajas de condenas a agresores sexuales y violadores, la diputada de Vox Carla Toscano aludió a su relación sentimental con Pablo Iglesias como su único mérito, durante un debate en el Congreso. A partir de ahí, la izquierda montó toda una campaña de solidaridad y exaltación de la ministra de Igualdad que sirvió para tapar lo demás.
El requerimiento de incompetencia
1º.- Con arreglo a lo previsto en el artículo sesenta y dos de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, requerir de incompetencia a la Junta de Castilla y León con los fines siguientes:
Que cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier actuación material, protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que, invadiendo las competencias estatales establecidas en los apartados primero y decimosexto del artículo 149.1 de la Constitución, vulnere o menoscabe lo establecido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo o el Real Decreto 825/2010, de 25 de marzo, así como cualquier medida que sea contraria a las recomendaciones comunes recogidas en los documentos y guías elaboradas desde 2010, fruto del consenso científico-técnico, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, que deje sin efecto las decisiones ya adoptadas.
En particular, que cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier decisión que establezca obligaciones, instrucciones, indicaciones o recomendaciones al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Dopler o Ecografía 4D) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica.
En ejercicio de la competencia estatal en materia de coordinación general de la sanidad, y de los principios de lealtad institucional y colaboración interadministrativa establecidos en los artículos 3 y 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se requiere también que, en caso de que por parte de la Junta de Castilla y León se hayan acordado o establecido ya protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas respecto de las mujeres embarazadas que hayan decidido interrumpir voluntariamente su embarazo, o estas acciones vayan a llevarse a cabo en el futuro, se comuniquen de manera inmediata al Ministerio de Sanidad.
2º.- Que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática traslade la decisión adoptada al Gobierno de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo sesenta y tres, apartado dos, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Que cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier actuación material, protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que, invadiendo las competencias estatales establecidas en los apartados primero y decimosexto del artículo 149.1 de la Constitución, vulnere o menoscabe lo establecido en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo o el Real Decreto 825/2010, de 25 de marzo, así como cualquier medida que sea contraria a las recomendaciones comunes recogidas en los documentos y guías elaboradas desde 2010, fruto del consenso científico-técnico, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, que deje sin efecto las decisiones ya adoptadas.
En particular, que cese de inmediato y, en su caso, se abstenga de adoptar y aplicar, cualquier decisión que establezca obligaciones, instrucciones, indicaciones o recomendaciones al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Dopler o Ecografía 4D) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica.
En ejercicio de la competencia estatal en materia de coordinación general de la sanidad, y de los principios de lealtad institucional y colaboración interadministrativa establecidos en los artículos 3 y 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se requiere también que, en caso de que por parte de la Junta de Castilla y León se hayan acordado o establecido ya protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas respecto de las mujeres embarazadas que hayan decidido interrumpir voluntariamente su embarazo, o estas acciones vayan a llevarse a cabo en el futuro, se comuniquen de manera inmediata al Ministerio de Sanidad.
2º.- Que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática traslade la decisión adoptada al Gobierno de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo sesenta y tres, apartado dos, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Comentarios
