
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a 14 de junio de 2023
'El País' esgrime un informe de la UCO para desvincular a Begoña Gómez del delito de tráfico de influencias
El diario El País ha publicado una información en la que asegura que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias respecto a la labor profesional de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según el rotativo del Grupo Prisa «fuentes conocedoras del informe que ha llegado al juzgado» señalan que este dosier fue encargado por el titular del Juzgado Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tras admitir una querella del sindicato Manos Limpias contra la esposa del líder del Ejecutivo. El documento que dio inicio a la causa afirma que, presuntamente, Gómez ha influido en ayudas públicas –algunas de ellas de cuantías millonarias– concedidas por el Gobierno a empresas relacionadas o recomendadas por ella, entre las que destaca el rescate a Air Europa y las de su amigo personal Juan Carlos Barrabés; que llegó a ser profesor en la polémica cátedra que dirigía.
Tal y como trascendió Gómez se había reunido en numerosas ocasiones con Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia –empresa que era matriz de Air Europa– y justo después de esos encuentros, el Ejecutivo aprobó inyectar 475 millones de euros en forma de rescate a la compañía aérea.

Javier Hidalgo en abril de 2023.
Este periódico también ha revelado en exclusiva que el Gobierno de Sánchez dio dinero público a un proyecto contra la despoblación dirigido por su mujer, y en concreto se adjudicaron 96.397 euros a la plataforma G-100, de la que forma parte Gómez. Además, cuatro ministerios licitaron contratos por 138.000 € a la consultora Inmark, de la que era accionista la cónyuge de Sánchez.
Igualmente, El Debate ha publicado cómo funciona la polémica «cátedra» de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, que está especializada en la captación de fondos. «Begoña Gómez cobró 4.352 euros en concepto de codirección, 3.640 euros por 'docencia teórica'» por «dar 26 horas de clase de un curso que no volvió a convocarse al año siguiente de su estreno», recoge la noticia.