Feijóo denuncia la nacionalización exprés: «¿Qué hay detrás de 2,5 millones de nacionalizaciones?»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, situó la Ley de Nietos y la inmigración en el centro de su discurso político anoche durante su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero (Antena 3). Allí lanzó en voz alta la pregunta que resume la sospecha que este medio viene revelando en exclusiva acerca de la nacionalización exprés del Ejecutivo de Pedro Sánchez para acelerar un cambio de proporciones colosales en el censo electoral: «El Gobierno está otorgando 2,5 millones de nacionalidades a personas que no han nacido en España y probablemente no conozcan España. ¿Esto es normal? ¿Qué hay detrás de esto?».

Una interpretación «torticera»

Feijóo acusó al Gobierno de hacer una lectura «torticera» de la norma. Este medio reveló que, aunque la ley se concibió para los represaliados del franquismo, días después de su entrada en vigor el Ejecutivo publicó una instrucción que reinterpretó su alcance. La firmó Sofía Puente como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, amplificando el alcance a cualquier descendiente, no solo a los exiliados políticos. Un asunto que el Parlamento acababa de rechazar por dos veces aquel mismo octubre de 2022. El talón de Aquiles de esta ley está en su ampliación por la puerta de atrás, ya que una instrucción de rango inferior a la ley puede aclararla, pero no crear derechos que la ley no prevé ni cambiar lo que las Cortes deciden.

Y desde el siglo XIX

La prueba del ensanchamiento la puso el propio PSOE, como también reveló este medio en exclusiva. El senador socialista César Mogo, responsable del partido en el exterior, sostuvo que la vocación reparadora de la ley alcanza a los millones de personas que cruzaron el Atlántico desde el siglo XIX. El sanchismo animó a los descendientes de españoles en Hispanoamérica a tramitar la nacionalidad con independencia de las causas que provocaron el éxodo, como reveló este periódico. El siglo XIX no tiene relación con Franco ni con la Guerra Civil. Es otra cosa.

La nacionalización «de forma inmediata»

Feijóo no se quedó en el dato. Encadenó la cifra con la velocidad del proceso: «¿Qué hay detrás de este interés por romper los consensos europeos en materia de inmigración… y a la vez meter dos millones y medio de nacionalizaciones de forma inmediata?». También este medio había adelantado que el Gobierno ha sacado la nacionalización del control de los funcionarios y la ha externalizado de forma exprés para resolver los 645.052 expedientes acumulados en el Consulado General de Buenos Aires, el mayor del mundo en electores españoles. La empresa elegida es Ineco, la misma sociedad pública que contrató a Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, sin que llegara a trabajar. El proceso se declaró secreto y se hurtó al Parlamento.

Del nuevo español al votante

El uso partidista y torticero de la Ley de Nietos para ganar las próximas generales es obvio. Una vez concedida la nacionalidad, el nuevo español puede votar en las generales, las autonómicas y las europeas desde el extranjero sin haber pisado nunca el país. Los frutos ya se cuentan: en las cuatro últimas autonómicas, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, el PP arrasó en el interior y el PSOE le ganó el voto exterior en todas, con diferencias de entre siete y doce puntos. En un país donde hay provincias que deciden su último diputado por 77 votos, dos millones y medio de nuevos españoles en el censo exterior no son un dato demográfico. Son aritmética electoral.

La «prioridad nacional», el arraigo y las listas de espera

Feijóo dedicó buena parte de la entrevista a desmontar la manipulación que el Gobierno y sus terminales mediáticas reiteran constantemente sobre su postura migratoria. Frente a la lectura de Vox, que la resume en «los españoles primero», el líder del PP situó la llamada prioridad nacional en otro terreno: el del arraigo. Explicó claramente que los acuerdos firmados por su formación política establecen que para acceder a una vivienda pública o a una ayuda pública se tenga en cuenta el tiempo de empadronamiento en el municipio o la comunidad. «Esto lo venimos haciendo desde hace décadas», afirmó. Una persona que lleva veinte años censada en Valencia tiene más derecho que quien lleva ocho, ejemplificó, «pero no distinguimos entre español e inmigrante».

El argumento que eligió para ilustrarlo fue sanitario. «Si usted está en una lista de espera en el Ramón y Cajal», planteó, «¿no le parece razonable que, si lleva un año esperando por la prótesis de cadera, tenga más prioridad que una persona que acaba de ingresar en la lista? Nadie lo discute». Negó que eso implique atender antes a un español que a un inmigrante: «El inmigrante que tiene tarjeta sanitaria tiene las mismas posibilidades». Se trata, sostuvo, de ordenar unos recursos que no alcanzan para todo.

La sintonía con Europa frente al Gobierno

Sobre el conjunto de su política migratoria fue igual de tajante. España necesita inmigración, dijo, pero ordenada: «que vengan a aportar, que vengan a trabajar, que vengan a cumplir las leyes», y expulsión para quien venga a delinquir. Y ahí situó su sintonía con Europa frente al aislamiento del Gobierno: «Esto no lo digo yo. Se ha votado esta mañana en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el reglamento de retorno. España no ha suscrito el reglamento de retornos, no está cumpliendo el pacto de inmigración».

El reglamento se había aprobado esa misma jornada. El miércoles 17 de junio la Eurocámara lo sacó adelante, en la votación migratoria más restrictiva de su historia, con 418 votos a favor y 218 en contra y el respaldo del Partido Popular Europeo. Los socialistas votaron mayoritariamente en contra y el Gobierno español ya había rechazado el texto ante Bruselas por dudas jurídicas. La sintonía que Feijóo reivindicaba con Europa dejaba al PSOE del lado de los que se oponían.

Sumó dos cifras más. El millón de inmigrantes que, denunció, el Gobierno está regularizando sin pedirles «antecedentes policiales», y los «más de 500.000» extranjeros que, según los datos que maneja, cobran el Ingreso Mínimo Vital «sin haber trabajado una hora el último año». «No es de recibo», zanjó, para los inmigrantes que sí trabajan y para los españoles.

Gobernar en solitario y la moción

En clave de gobernabilidad, Feijóo repitió que su objetivo es gobernar «en solitario», como le han permitido sus cuatro mayorías absolutas, pero que aceptará «el resultado de las urnas» y garantizará «la estabilidad política» del país. No «demonizará» a Vox, «el tercer partido de España», porque, dijo, «soy un demócrata», aunque fijó las líneas rojas que no traspasará: la Constitución, la España de las autonomías, las políticas de igualdad y LGTBI, el equilibrio de las cuentas públicas y la prosperidad de los españoles. Descartó pactar con Bildu y recordó que en 2023 le faltaron «cuatro diputados» para gobernar.

El líder de la oposición recordó que fue el vencedor de las pasadas elecciones generales a falta de 4 escaños para la mayoría absoluta, se mostró además «a disposición» de cualquier grupo de la Cámara para forzar elecciones inmediatas: «Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y el PP, hemos dicho que no podemos continuar así. Hagámoslo». Hoy mismo el PP ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional el veto «arbitrario» de la Mesa del Congreso a la votación sobre el adelanto electoral propuesto por su formación y por Junts.

Lo que durante semanas fue una exclusiva de este medio, sostenida sobre fuentes primarias, llegó anoche al plató de mayor audiencia del país con Pablo Motos y su imbatible Hormiguero. La pregunta que lanzó Feijóo, qué hay detrás de la nacionalización masiva de la Ley de Nietos, no ha tenido, por el momento, respuesta alguna del Gobierno.