Daniel Ortega, junto a su mujer, Rosario Murillo, y el cardenal Miguel Obando y Bravo, en Managua (2009).
Así ha perseguido Daniel Ortega a la Iglesia en Nicaragua desde 2018 hasta hoy
La detención de Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, es el último episodio de una creciente persecución, recrudecida especialmente desde mayo, pero que comenzó mucho antes
Tanto la oposición como la comunidad católica nicaragüense llevaban semanas esperando las palabras del Papa.
«Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que afecta a personas e instituciones», dijo Francisco el domingo pasado tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Su mensaje, en el que compartió su esperanza en que se produzca un «diálogo abierto y sincero», llegaba tan solo dos días después de la detención de Monseñor Rolando Álvarez junto a cuatro sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos. Llevaban quince días encerrados en el palacio episcopal de Matagalpa sin la posibilidad de salir a la calle ni celebrar misa con sus feligreses.
La detención del obispo de Matagalpa, es el último episodio de una creciente persecución en el país centroamericano, recrudecida especialmente desde mayo, pero que comenzó mucho antes. «A partir de las protestas sociales de 2018, Daniel Ortega prácticamente le declaró una guerra a la Iglesia Católica», cuenta a El Debate Marling Balmaceda, jefa de prensa de Artículo 66, un diario de referencia para los nicaragüenses opositores. En aquel momento la mayoría de las parroquias del país prestaron auxilio a los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno y eran perseguidos por la Policía sandinista. «Hasta el sacerdote del municipio más pequeñito del país decidió abrir las puertas y refugiar a los manifestantes que estaban siendo atacados por policías y también por grupos de paramilitares», cuenta la periodista.
Desde entonces, las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia no dejaron de tensarse. La catedral de Managua llegó a sufrir un atentado el 31 de julio de 2020, cuando un incendio provocado calcinó la estructura y casi destruyó la Sangre de Cristo, un crucifijo de 382 años. El domingo de aquella semana, Francisco expresó su cercanía a los nicaragüenses y condenó en la Plaza de San Pedro el ataque que quemó «aquella imagen tan venerada de Cristo, que ha acompañado y sostenido durante siglos la vida del pueblo fiel».
No hay ninguna explicación lógica para la expulsión de las Hermanas Misioneras de la Caridad
También obispos críticos como Silvio José Baez sufrieron agresiones por parte de simpatizantes de Ortega. Un año después, en 2019, se exilió en Roma a petición del Papa Francisco. Mientras tanto, Monseñor Rolando Álvarez se hizo especialmente conocido por sus denuncias contra los abusos del Gobierno. Una fama que le ha llevado a la persecución. En mayo de este año la Policía comenzó a acosarlo por la calle a él y su familia y acabó refugiándose en la iglesia del Santo Cristo de Esquipulas. Allí comenzó un ayuno a agua y suero hasta que pudiera «ejercer su derecho a vivir y celebrar su fe en un ambiente de paz y libertad», decía la Arquidiócesis de Managua en un comunicado el 21 de mayo. Aquel cambio nunca llegó a suceder y, tras permanecer las últimas dos semanas encerrado en el palacio episcopal de Matagalpa con guardias vigilándole ininterrumpidamente a la puerta, finalmente el obispo fue detenido la madrugada del viernes 19 de agosto. Con él ya son nueve los sacerdotes arrestados en el país.
La Iglesia, el blanco del régimen
El 20 de mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó el cierre del Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal del país, y el único canal que decía la verdad en opinión de varias fuentes que han preferido permanecer anónimas.
«La Iglesia ha sido uno de los blancos más fuertes de ataque por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo», opina Marling Balmaceda. Tras Canal 51, el resto de televisiones y radios católicas fueron cerrando en cadena hasta superar la decena y el Ejército llegó a entrar en las parroquias para requisar el material radiofónico. «Ven en la Iglesia una institución que puede hacerle frente con un mensaje de esperanza, profético y de denuncia», explica Israel González Espinoza, otro periodista en el exilio.
Que la Iglesia cumpla con las obras de misericordia es un delito, porque no son ellos los que lo están haciendo
Pero los medios de comunicación de inspiración religiosa no son los únicos que sufren esta persecución. Las Misioneras de la Caridad, registradas en el país desde 1989 y dedicadas a la asistencia social de niños de bajos recursos, también han sido expulsadas y ahora viven en Costa Rica junto a otros 100.000 nicaragüenses que se han refugiado en el país vecino durante los últimos años. El Ministerio de Gobernación las acusa de incumplir una ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Son tres actividades que los nicaragüenses no asocian a las religiosas. «No hay ninguna explicación lógica ni con asidero jurídico para la expulsión de las Hermanas Misioneras de la Caridad. La asociación fue suspendida por la Asamblea Nacional, un órgano completamente controlado por el régimen de Daniel Ortega», considera Israel González Espinoza.
Las religiosas comparten destino con una centena de oenegés a las que el Gobierno de Ortega también ha decidido echar del país. «Está viendo enemigos donde no existen», opina González Espinoza. Por otro lado, a juicio del padre Rafael Bermúdez, sacerdote nicaragüense exiliado en California desde 2018, el acoso del matrimonio Ortega–Murillo a los católicos se debe a que, tras hacerse con el dominio político del país y los medios de comunicación, «la Iglesia es el único poder que les falta por controlar». Según el sacerdote, el Gobierno quiere hacerse con el monopolio de todo, hasta de la asistencia social que no consigue prestar con eficacia, y «que la Iglesia cumpla con las obras de misericordia es un delito porque no son ellos los que lo están haciendo».
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