Lo más grave que ocurre en España
La economía se enderezará algún día, pero si toleramos que la ley quede en suspenso en algunas partes del país estamos empezando a destrozarlo
No hay que ser licenciado en Derecho, ni político profesional, para acertar las respuestas a estas sencillísimas preguntas: ¿puede el Gobierno de una región saltarse las sentencias de la justicia que nos obligan a todos los españoles, del primero al último? No, por supuesto. ¿Es admisible que un Gobierno autonómico se invente una ley exprés sobre la marcha para saltarse así una sentencia judicial? Evidentemente, no. ¿Debe inhibirse el Gobierno de una nación y hacer el avestruz cuando una región se declara en rebeldía y mediante trampas legislativas se niega a cumplir lo que le ordena la justicia? No. ¿Si el Gobierno separatista catalán se inventase mañana una ley exprés por la que legalizan en Cataluña los atracos a supermercados, o el tráfico de drogas, tendría que darla el Estado por buena y poner en barbecho allí toda la legalidad de la Nación? Pues no, claro (incluso suena bobo plantearse tal pregunta).
Pues bien, todo lo expuesto lo está haciendo con desparpajo chuleta el Gobierno separatista catalán ante la orden de la justicia de que empiece a ofrecer un 25 % de clases en español. Tomando por imbéciles a los tribunales, al Estado y a los numerosos catalanes que quieren que sus hijos aprendan castellano, el Gobierno separatista se ha inventado un decreto ley que prohíbe las cuotas de idiomas en la enseñanza. Su argumento –o más bien su tomadura de pelo– es el siguiente: no puedo aplicar la sentencia del 25 %, porque precisamente el día antes de que expirase el plazo para que entrase en vigor esa obligación judicial he aprobado una ley donde prohíbo las cuotas. Una chufla. Un fraude de ley.
En los días previos a que expirase el plazo para cumplir la sentencia del 25 %, el Gobierno catalán ya había alardeado de que se la pasaría por el arco del triunfo: «El Govern garantizará que las sentencias no condicionen el modelo de escuela en catalán». Traducción: aquí mandamos nosotros y haremos lo que nos dé la gana, faltaría más.
España sufre un problema económico de gran calado, sobre todo por el hórrido estado de sus cuentas públicas por obra de un Gobierno manirroto. La resaca de la verbena de gasto será dolorosa. Pero acabaremos saliendo de la crisis. Por eso, y aunque no lo parezca, es mucho más venenoso para España que permitamos que entre en su armazón la polilla que carcome un Estado de derecho. Admitir, como está ocurriendo, que un Gobierno regional puede declararse en rebeldía sin que pase nada es algo que pudre un país.
Han hecho bien Vox y Ciudadanos en pedir la aplicación del 155, pues la razón jurídica está de su parte, y está tardando el PP en sumarse. De Sánchez no cabe esperar nada (es rehén de los insurrectos). Pero como siempre, lamentable el silencio de la intelectualidad española cuando unos políticos, para más señas de talante xenófobo, revientan la ley común a todos. En este país, donde se ha decretado la cacería de un Rey que a día de hoy no tiene nada pendiente en tribunales y se le impone una pena de destierro, asistimos impávidos a una rebelión en toda regla contra la justicia. ¿Por qué usted y yo no podemos saltarnos las sentencias y el Gobierno catalán sí? Es evidente que algo chirría. Hoy, la primera línea de defensa de España está en obligar a esa gente a cumplir la ley.
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