De la sanidad privada al aborto: las ofensivas de Mónica García contra el PP en solo cuatro meses

Los ataques del Gobierno no cesan. En cuatro meses, el Ministerio de Sanidad no ha parado de criticar y denunciar cada movimiento de las comunidades dirigidas por el PP. Empezaron con el aborto y han terminado, por el momento, con un ataque claro a la gestión privada. Todo ello para ocultar los numerosos escándalos en los que estaba metido, y sigue, el jefe del Ejecutivo y sus colegas.

El empeño de Sánchez por atacar con políticas sanitarias a las comunidades lideradas por los populares comenzó el 30 de septiembre de este año. Justo después de presentar los polémicos datos del aborto, donde Mónica García se jactó de que en el año 2024 más de 106.000 mujeres habían decidido acabar con la vida de sus fetos, las responsables de los ministerios de Igualdad y Sanidad lanzaron 'quierroabortar.org', una web creada para dar «información, orientación y acompañamiento» a las mujeres que quieran abortar.

Aunque la defensa de la vida cada vez está más mermada por el Gobierno de Sánchez, ese mismo día, el PP y Vox devolvieron un rayo de esperanza a la vida del no nacido en la Comunidad de Madrid. El Pleno del Senado dio luz verde a una propuesta del partido de Santiago Abascal que permitía que el Ayuntamiento informase a todas las mujeres de las secuelas y los peligros del síndrome posaborto, situación que no sentó bien a la médico García, que, junto al resto de políticos del Ejecutivo, se negó a reconocerlo.

Este ataque a los nasciturus no sentó bien a los médicos y a los grupos provida, quienes aseguraron que el síndrome posaborto «no es política, es un daño real avalado por la ciencia». García hizo oídos sordos y solo buscó culpables. Nuevamente era el PP, ya que buscaba «infundir miedo» y no «informar». Asimismo, planteó que los problemas de salud mental están «más vinculados a un embarazo no deseado que a su aborto».

Días después, Pedro Sánchez anunció que, al igual que Francia, iba a intentar blindar el derecho al aborto en la Constitución española para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». En este sentido, Álvaro Ortega, director de la clínica Fertilitas y presidente de la Fundación +Vida, subrayó que la Carta Magna nació para proteger la dignidad de todas las personas y la vida humana, por lo que incluir el aborto era «una incoherencia histórica».

Tras este momento, tanto Sánchez como García empezaron su juego. El presidente del Gobierno no perdió tiempo. Tres días después de comunicar sus intenciones, envió una solicitud formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creasen las 'listas negras' de médicos objetores. Una medida que se había creado con una intención: señalar con el dedo y perjudicar a todos los médicos que se negasen a practicar abortos.

Mónica García no podía dejar pasar su momento y, después del anuncio del jefe del Ejecutivo, la anestesista y titular de la cartera de Sanidad mandó un aviso a Isabel Díaz Ayuso. En él notificó que si hasta el 16 de noviembre la

Comunidad no poseía un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto; irían a tribunales. Cumplió su palabra, pero aún no hay noticias.

Cribados de mama

Madrid no iba a ser el único territorio. Mientras toda esta trama se desarrollaba, García también miraba de reojo a Juanma Moreno y a su sanidad, puesto que se empezaban a dar los primeros casos de fallos en los cribados de cáncer de mama. Sin embargo, esto no es nuevo, esto no fue nuevo, sino una excusa más para atar al partido de Alberto Núñez Feijóo. Como ya contó este medio, los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía comenzaron en 2012, con el PSOE en la Junta.

A finales de año, un nuevo escándalo hizo sacudir a la Comunidad de Madrid. El Hospital de Torrejón de Ardoz, Ribera Salud y Quirón fueron noticia. Su gestión bajo el modelo público-privado y los audios que salieron de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera, que pedía aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa, hicieron que Mónica García volviese a cargar contra el PP, ya que el modelo lo había ideado el partido mencionado.

La ministra denunció que, siguiendo el modelo Alzira del PP, se entregó al grupo Quirón más de 5.000 millones y al grupo Ribera más de 30 millones. Por ello, aseguró que esta desviación de pacientes contaba con la connivencia de la Consejería de Sanidad de Madrid y de la presidenta Ayuso, dado que su partido es «el que gestiona ese traspaso de pacientes y de dinero».

Debido a esto, el pasado 10 de febrero en el Consejo de Ministros, la anestesista García apuntó que se había dado luz verde al anteproyecto de ley por la Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una nueva normativa que pretende imponer un modelo único de gestión sanitaria, priorizando la gestión pública y, por lo tanto, dejando de lado la participación de empresas privadas.

Como el Ministerio de Sanidad siempre está ocupado en mirar los movimientos de las autonomías, no se centra en lo verdaderamente importante: los médicos, sector que sigue luchando por un Estatuto Marco de calidad y un MIR a tiempo y sin errores.